Gobernadora de Morelos llama a la austeridad ante pensiones doradas en el Poder Judicial

La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, reiteró su llamado a la austeridad y a la revisión de privilegios en el sector público, particularmente al interior del Poder Judicial morelense, tras confirmarse la existencia de pensiones doradas que continúan siendo pagadas a exmagistrados.

TSJ confirma pensiones superiores al salario presidencial

El pronunciamiento de la mandataria estatal se dio luego de que el Órgano de Administración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), encabezado por Javier García Tinoco, confirmara la información publicada por el Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas”, en la que se documenta que varias pensiones superan el salario de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con los datos expuestos, estas pensiones representan cerca del 15 por ciento del total de las pensiones vigentes dentro del Poder Judicial del estado, situación que ha generado inquietud entre la ciudadanía y diversos sindicatos, ante el uso de recursos públicos.

Gobierno estatal insiste en disciplina financiera

Ante este escenario, Margarita González Saravia subrayó que su administración mantiene una política estricta de cuidado de las finanzas estatales, promoviendo la austeridad republicana en beneficio de la población.

“Nosotros estamos cuidando mucho las finanzas estatales, hago un llamado de conciencia a los tres poderes del estado, creo que hay líneas y reglas que se deben seguir a favor del pueblo”, expresó la titular del Ejecutivo estatal.

Llamado a los tres poderes a evitar excesos

En este contexto, la gobernadora hizo un llamado a los tres poderes públicos de Morelos para evitar excesos y privilegios, y ajustar las remuneraciones de los funcionarios bajo principios de responsabilidad fiscal, congruencia y transparencia, en apego a los valores que promueve la Cuarta Transformación.

Finalmente, reiteró que la revisión de este tipo de esquemas resulta necesaria para garantizar un uso eficiente y justo de los recursos públicos, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones.