La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó que el Poder Ejecutivo estatal se encuentra analizando los alcances legales para la creación del Instituto de Pensiones del estado de Morelos, como parte de una estrategia para fortalecer las finanzas públicas a largo plazo.
Derechos laborales están garantizados: Gobernadora
Durante una rueda de prensa desde el municipio de Tlaquiltenango, la mandataria estatal respondió a los cuestionamientos sobre las posibles afectaciones a trabajadores estatales derivadas de la reforma a la Ley del Servicio Civil, aclarando que los derechos laborales de las y los empleados públicos están plenamente salvaguardados.
Rechazó que exista alguna afectación a la antigüedad laboral, y explicó que el ajuste legislativo busca armonizar la normatividad, particularmente en lo relacionado con el etiquetado del gasto federal destinado al pago de pensiones, a fin de permitir un manejo más eficiente de los recursos estatales.
“Todos los trabajadores tendrán sus derechos garantizados, los que hayan adquirido durante el tiempo laboral, pero en un punto tenemos que revisar esos temas porque con las finanzas estatales a largo plazo no van a aguantar si seguimos con la misma dinámica, por eso estamos trabajando en este proyecto del Instituto de Pensiones”, comentó.
Proyecto en etapa de análisis legal y presupuestario
González Saravia explicó que, por el momento, el Instituto de Pensiones de Morelos se encuentra en una fase de análisis, en la que se revisan los alcances legales y los aspectos presupuestarios, con el objetivo de garantizar su correcta operatividad de cara al primer semestre de 2026.
Indicó que este proceso busca asegurar la viabilidad financiera del estado sin comprometer los derechos adquiridos de las y los trabajadores.
Coordinación con la Suprema Corte de Justicia
Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó controversias presentadas en materia de pensiones y jubilaciones, la gobernadora sostuvo que el tema continúa siendo atendido.
Precisó que se mantiene una coordinación con el equipo de la SCJN, con el propósito de establecer lineamientos claros que permitan al estado resolver de fondo esta problemática estructural, garantizando certeza jurídica y estabilidad financiera.














