Luego del llamado de atención del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, por el elevado número de controversias constitucionales promovidas por el Poder Judicial de Morelos contra decretos de jubilación de sus propios trabajadores, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado, exhortó a revisar a fondo el origen de estos procedimientos.
La legisladora señaló que actualmente existen más de 500 controversias constitucionales, lo que ha generado una afectación directa a cientos de familias morelenses que, pese a contar con decreto de jubilación, no reciben el pago de su pensión.
Impacto directo en trabajadores jubilados y sus familias
Rodríguez Ruíz subrayó que el problema no radica únicamente en la carga laboral de la SCJN, sino en las más de 500 familias que quedan sin ingreso una vez que se publica el decreto jubilatorio y el Tribunal Superior de Justicia interpone la controversia constitucional.
“Lo verdaderamente importante es que se lacera la economía de cientos de familias morelenses, a quienes se les niega el pago de su pensión hasta que la Corte resuelva”, expresó.
Una práctica recurrente desde 2016
La diputada calificó como una “mala práctica” el hecho de que, desde 2016, el Tribunal Superior de Justicia interponga de manera automática y sistemática controversias constitucionales tras la publicación de decretos de jubilación, negándose al pago de pensiones que calificó como un derecho fundamental de las personas trabajadoras del Poder Judicial.
Estado actual de las controversias en el Congreso
La presidenta de la Comisión del Trabajo detalló que, hasta el momento, se tiene conocimiento de 247 controversias constitucionales, de las cuales 127 ya han sido dictaminadas y 107 publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
Asimismo, informó que 23 nuevos proyectos serán analizados próximamente, mientras que 66 controversias permanecen pendientes, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas.
Llamado al diálogo y a la transparencia financiera
Rodríguez Ruíz manifestó su confianza en que, con el nuevo Órgano de Administración del Poder Judicial, se abra una etapa de diálogo, transparencia y confianza, basada en estudios actuariales que permitan conocer con claridad los requerimientos financieros presentes y futuros para garantizar la sostenibilidad del pago de pensiones.
“Es indispensable conocer a fondo las necesidades reales de recursos para cumplir con este derecho laboral”, afirmó.
Sin propuesta formal para crear un Instituto de Pensiones
Al ser cuestionada sobre la posible creación de un Instituto de Pensiones, la legisladora aclaró que no existe hasta ahora una propuesta formal y por escrito, por lo que no puede emitir una postura a favor o en contra.
Finalmente, reiteró que, mientras no existan cambios de fondo en la Ley del Servicio Civil, el Congreso del Estado continuará emitiendo decretos de jubilación, al tratarse de un derecho adquirido por las y los trabajadores que cumplen con la edad y años de servicio que marca la ley.
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