La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, informó que su administración revisará a profundidad la solicitud de ampliación presupuestal presentada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), con miras al proceso electoral 2026-2027.
Lo anterior se da luego de que la presidenta del órgano electoral, Mireya Gally Jordá, anunciara que el Impepac requiere hasta 300 millones de pesos para cubrir la organización de las elecciones constitucionales y del Poder Judicial, al considerar insuficiente el presupuesto de 120 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado de Morelos.
Ejecutivo analiza viabilidad financiera del Impepac
Ante este escenario, la mandataria estatal explicó que instruyó al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, a revisar el caso de manera conjunta con autoridades del Impepac, a fin de realizar un estudio financiero de gasto y factibilidad.
González Saravia subrayó que, antes de autorizar cualquier apoyo adicional, el órgano electoral deberá reestructurar sus finanzas internas y justificar con claridad el destino de los recursos solicitados.
“Es necesario un estudio de factibilidad para conocer cómo se encuentran las finanzas del Impepac y de qué manera se utilizarán los recursos. No se trata solo de lo que se pide, sino de cómo se va a ejercer”, puntualizó.
Gobierno no descarta apoyo, pero pide ajustes internos
La gobernadora aclaró que el Ejecutivo estatal no está cerrado a respaldar al instituto, sin embargo, consideró indispensable que el propio Impepac realice adecuaciones financieras responsables que permitan un uso eficiente del presupuesto.
Funcionarios deberán renunciar si buscan candidatura
En otro tema, González Saravia adelantó que definirá una fecha límite para que los funcionarios estatales que deseen participar en la contienda electoral 2026-2027 presenten su renuncia formal a los cargos que actualmente desempeñan.
La mandataria precisó que, si bien los servidores públicos están en su derecho de contender por un cargo de elección popular, no podrán combinar el servicio público con una candidatura, en apego a la legalidad y a la equidad del proceso electoral.
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