La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar el Acuerdo 04/2024 del Tribunal Superior de Justicia de Morelos (TSJ), con el cual se modificaba el reglamento interno para otorgar mejores beneficios económicos y condiciones de jubilación a magistrados y magistradas al concluir su encargo.
La resolución, aprobada por ocho votos a favor, respondió a la controversia constitucional 312/2024 promovida por el Poder Ejecutivo del Estado, que argumentó que las reformas excedían las facultades del Poder Judicial local y afectaban el manejo de recursos públicos.
Qué pretendía el Acuerdo 04/2024
Las reformas impulsadas por el Poder Judicial buscaban modificar aspectos clave del haber de retiro, entre ellos:
El procedimiento para solicitar la jubilación.
Los criterios y fórmulas para calcular el monto económico del haber de retiro.
Las condiciones y porcentajes para determinar el pago que recibirían los magistrados al separarse del cargo.
Estos ajustes incrementaban los beneficios que las y los magistrados recibirían al jubilarse, lo que provocó inconformidad en el Poder Legislativo y el Ejecutivo, quienes señalaron una extralimitación normativa.
La SCJN detectó disposiciones irregulares
Al analizar el caso, el pleno de la SCJN concluyó que las reformas del Acuerdo 04/2024 contenían irregularidades jurídicas, pues el Poder Judicial no podía autorregular de manera unilateral prestaciones que implican gasto público adicional.
Con ello, la Corte determinó que el reglamento reformado debía ser invalidado.
Un nuevo revés para el TSJ de Morelos
No es la primera ocasión en que la SCJN rechaza modificaciones del TSJ en materia de haber de retiro. Un revés previo ocurrió durante una controversia presentada por el Poder Legislativo, también señalando irregularidades en la ampliación de beneficios para magistrados.
Impacto de la resolución
Con la invalidez del acuerdo, quedan sin efecto las disposiciones que habrían permitido pagos más altos, condiciones preferenciales y criterios ampliados para el retiro de magistrados y magistradas del Poder Judicial de Morelos.
La decisión reafirma que cualquier reforma relacionada con prestaciones económicas y uso de recursos públicos debe observar estrictamente las facultades constitucionales de cada poder y la correcta administración del erario.
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