Urgen cámaras empresariales a regular el comercio informal

Al auspicio de una excesiva tramitología y la corrupción alimentada por inspectores y autoridades municipales, el comercio informal en Morelos, crece, coincidieron en señalar el Director de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Humberto Bahena Rodríguez y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Cuernavaca), David Ricardo López.

Informalidad al 70 por ciento

Luego de que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Víctor Sánchez Trujillo, diera a conocer que en el estado, aproximadamente el 70 por ciento de la actividad comercial se desarrolla en el ámbito de la informalidad; organizaciones empresariales urgieron a poner en marcha, una campaña que impulse la regularización de este tipo de negocios, pero también a adoptar medidas que frenen la corrupción en las administraciones municipales que han permitido su permanencia.

En su oportunidad, el Director de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Humberto Bahena Rodríguez, criticó que gracias a los inspectores corruptos, este tipo de negocios se mantengan en la clandestinidad, incluso aquellos que son giros rojos.

“Los más beneficiados de esta informalidad, son los inspectores municipales, que permiten esta situación”, apuntó.

Mientras que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Cuernavaca), David Ricardo López, expuso que la excesiva tramitología y lo complejo de llevar la normatividad al campo de trabajo, impide que los nuevos emprendedores se regularicen y tomen el camino de la informalidad.

Propuesto generar una revisión a fondo de los excesivos trámites y darle paso a un periodo de regularización del comercio informal en Morelos.

Fenómeno diversificado

La informalidad en Morelos abarca una amplia gama de actividades, desde vendedores ambulantes y mercados sobre ruedas hasta pequeños talleres y servicios que no están registrados ante las autoridades fiscales, incluso, de los llamados giros rojos que llevan años trabajando en la clandestinidad.

Este fenómeno, aunque permite la subsistencia de miles de familias, limita el acceso de los trabajadores a derechos laborales como seguridad social, créditos formales y pensiones, además de reducir la recaudación fiscal que podría destinarse a infraestructura y servicios públicos.