La gobernadora Margarita González Saravia dio a conocer un paquete de iniciativas de reforma a ser enviadas al Congreso del Estado en materia judicial, en seguridad pública y para regular el uso de los permisos expedidos en el Estado de Guerrero.
La reforma judicial contempla la elección de personas juzgadoras para realizarse en 2027, a fin de que haya un amplio diálogo y acuerdos de cara a la primera elección democrática de jueces y magistrados del Poder Judicial en Morelos.
En materia de seguridad, abundó la mandataria estatal, después de las reuniones regionales con alcaldes, uno de los aspectos que contemplará es ampliar las facultades de la Secretaría del ramo para disponer de mayores atribuciones a fin de optimizar resultados.
“No va a ser una ley impositiva, sino que trataremos de consensar con todos los involucrados en el tema, y de acuerdo a las condiciones propias del estado, consideramos como un adelanto que se va hasta el 2027 la elección aquí en el estado de Morelos, para que se den las condiciones previas de todo lo que implica un nuevo modelo de elección popular para el sector judicial”, planteó la mandataria.
La gobernadora de Morelos también planteó: “Tenemos también algunas propuestas para modificar la Ley de Seguridad Pública y ponerle más atribuciones de las que tenía inicialmente al gobierno, después de prácticamente cuatro meses de reuniones de seguridad, que para nosotros es fundamental. Nos hemos encontrado con algunas cosas que tenemos que plasmar en la ley, como son todos esos permisos que vienen desde Guerrero y que tienen que ordenarse”.
Y fue en este tema, el de movilidad y transporte que, durante su conferencia de prensa de los lunes, esta vez celebrada en el municipio de Miacatlán, se plantearon a la gobernadora dos problemáticas: las acusaciones de corrupción contra la Coordinación y la inseguridad que enfrentan los transportistas de la región oriente de la entidad.
La mandataria estatal señaló que las acusaciones contra la Coordinación de Movilidad y Transporte están en las redes sociales y no plasmadas en denuncias formales y que su gobierno, tal como ha ocurrido hasta ahora y con este tipo de señalamientos, actúa con base en pruebas y denuncias. Por lo que toca a los transportistas de la región oriente, afirmó que están abiertas las puertas en la Secretaría de Seguridad Pública para una mayor coordinación que permita redoblar las acciones para solucionar el problema.
Con respecto a los gestores de trámites ante esa dependencia de gobierno, afirmó que en el caso de aquellos que trabajan para las organizaciones de transportistas y que por el número de clientes que manejan, se les asignarán citas especiales y aparte, para no entorpecer los trámites que cada propietario de un vehículo realiza por cuenta propia.
Del incidente contra la alcaldesa de Ayala, después de condenar el hecho, la gobernadora afirmó que el caso será atendido tanto por las instancias de gobierno como de seguridad.
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