¿Tu participas y de qué sirve?

Abundan los comentarios postdebate, luego del evento que ayer organizó el Instituto Electoral morelense (IMPEPAC), entre las candidatas a la gubernatura: Lucía Meza Guzmán, Margarita González y Jessica Ortega, de la Coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, Coalición Sigamos Haciendo Historia y Movimiento Progresa, respectivamente; encuentro en el que poco se habló de la importancia de la participación ciudadana, tema que hoy nos corresponde.
Recordemos que, según su definición etimológica, democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Sin embargo, el poder dimana de la ciudadanía. Entonces, ¿porque le temen los políticos –si son los representantes del pueblo-, sobre todos legisladores a abrir los mecanismos de participación ciudadana, que permitan sean una realidad figuras como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y desde luego la revocación de mandato?
Estos mecanismos de participación sólo en algunos estados han avanzado en la legislación de lo que se conoce ahora como formas de participación ciudadana o formas de democracia indirecta o semidirecta. En México, desde la época independentista hasta nuestros días, se han registrado hechos que dan cuenta del empleo del plebiscito y del referéndum y esto tiene que ver con la forma de Estado y con la forma de Gobierno, adoptadas desde la norma constitucional en cada época histórica. 
La Constitución de 1917, define la forma de gobierno como una República Federal, democrática y representativa, donde el titular de la soberanía, que es el pueblo, mandata a los poderes públicos para ejercerla, en su representación. De ahí que la cualidad democrática y representativa de nuestro régimen, pasa necesariamente por la participación de la ciudadanía para decidir sobre su destino político, sobre quien la representa y con la facultad de cambiar a sus representantes, como está establecido constitucionalmente.
Es urgente en la época que vivimos, que haya una mayor apertura a la participación ciudadana. Se tiene que decir claro que, los gobiernos que se asumen como democráticos, requieren de la conservación, del apoyo, del consenso público suficiente para legitimar su representatividad. En las actuales circunstancias políticas, no es posible seguir rigiéndose exclusivamente por las instituciones políticas tradicionales, que si bien son fruto de un mandato popular, ya resultan insuficientes y, sobre todo han perdido representatividad y credibilidad; pues el ciudadano no se identifica y sobre todo, no ve atendidas sus necesidades más elementales.
En materia de Plebiscito es necesario que los gobiernos, sometan a este proceso los actos o decisiones de gobierno que se consideran trascendentes para la vida del estado o de los municipios; encontrándose un elemento fundamental en cualquier forma de gobierno, es decir a la evaluación de los resultados, los cuales deben ser vinculatorios para las acciones o decisiones del gobierno cuando sea mayoritaria la decisión de los electores. 
Como puede observarse, no obstante la importancia de estas formas de participación ciudadana, sigue habiendo limitantes sustanciales pues será el ejecutivo federal, estatal o municipal quien ponga a consideración de la población los temas que considere prioritarios.
En nuestro país existen incipientes ejercicios sobre el referéndum, -que es un procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular, leyes o actos administrativos para su ratificación-no obstante, en los últimos tiempos se encuentra en boga junto con los demás mecanismos de participación ciudadana. 
En algunos estados de la República el referéndum ya se contempla en la legislación local respectiva y, se tiene la inquietud política de ponerlos en vigencia en el contexto nacional, pero en esencia no se aplica. En Morelos qué decir, a la sociedad no le queda otra que aceptar las decisiones de los gobernantes, les guste o no. 
El referéndum, puede ser facultativo u obligatorio. Es facultativo si la injerencia popular es prescindible sin mayor consecuencia sobre lo que se decide, y es obligatorio si la votación popular es indispensable para la validez del acto. David Butler y Austin Ranney, lo clasifican en su obra “Referéndum: A Comparative Study of Practice and Theory”, de la forma siguiente: El referéndum controlado por el gobierno, cuando ésta es quien decide si el referéndum se debe realizar, sobre qué tema, el número de votos para tomar una decisión, así como si el referéndum será considerado como obligatorio o indicativo.
El referéndum por vía de petición popular, es la ciudadanía quien solicita que la ley o las leyes de su país sean sometidas a referéndum y, si se da el caso de que resulten rechazadas, no podrán ser publicadas, independientemente de la voluntad del pueblo. 
Es claro como en la clasificación de cada tipo de referéndum determina el margen de maniobra del gobierno y, los distintos grados de obligatoriedad de la decisión popular, así como aquellos que involucran más al ciudadano en la elaboración de leyes. Por eso, muchos prefieren hacerlo a un lado y dejar con ello fuera de la jugada a la sociedad. 
En el caso de la iniciativa popular ésta se ejerce mediante la presentación de un proyecto firmado por un número determinado de electores, que solicita la adopción de una ley o su abrogación o la revisión de la constitución, por lo tanto, la Iniciativa popular es una figura que se utiliza para que el electorado participe de manera directa en el proceso de presentación y, elaboración de proyectos de derogación y presentación de proyectos de ley ante los cuerpos legislativos.
Finalmente, la revocación de mandato, el mecanismo legal más acabado, producto de la democracia, en donde el pueblo, como el titular de la soberanía, constitucionalmente tiene la facultad de modificar o cambiar su forma de gobierno. 
Originaria del common law, donde también se le conoce como recall o deposición, la revocación es el mecanismo procedimental de la democracia que permite a los votantes despedir y reemplazar a un servidor público. 
Es la institución mediante la cual se le reconoce al pueblo su derecho de separar a los funcionarios públicos “cuando éstos dejen de inspirarle confianza”. El objetivo de la revocación es que los votantes tengan un control permanente sobre los funcionarios públicos, lo que sería el espíritu del artículo 39 de la Constitución Mexicana.
Quienes aspiran a una diputación local, sobre todo, deben responder a la imperiosa necesidad de mejorar la participación ciudadana, de legitimarla y empoderarla. Debe pasarse la participación ciudadana de una utopía a una herramienta legal y decisiva en la vida pública de nuestro estado.