Mitos y hechos
NO APARECE. En un giro que parece sacado de un guion de novela policiaca, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos ha ejecutado nuevamente una investigación, la segunda en menos de una semana, centrando su atención en una bodega vinculada a la familia de Omar Taboada, ex encargado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO). Este hecho no solo pone de relieve la persistente sombra de la corrupción en el estado, sino que también plantea serias preguntas sobre la rendición de cuentas y la transparencia en la administración pública. La titular de la Contraloría, Alejandra Pani, ha confirmado que Taboada no se presentó a su entrega-recepción, un acto fundamental para garantizar la continuidad y legalidad de los procesos administrativos en cualquier institución gubernamental. Esta falta de comparecencia no es un detalle menor; es un indicio de una cultura de impunidad que ha permeado en la política morelense, donde los funcionarios suelen actuar como si estuvieran por encima de la ley. Este episodio no solo refleja la situación de un exfuncionario, sino que también resalta la necesidad urgente de fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción en Morelos. La ciudadanía tiene derecho a exigir a sus autoridades que actúen de manera efectiva y que tomen medidas que realmente desincentiven la corrupción, en lugar de simplemente ser un teatro donde los actores cambian, pero las prácticas se mantienen.
Trascendió. El día de ayer se difundió que en el Centro de Readaptación de Cuautla hubo una riña al interior de la cárcel distrital, provocada por el acomodo de las nuevas autoridades de seguridad... Para evitar incertidumbre la Secretaría de Seguridad informó: Ante la información publicada por diversos medios de comunicación en torno a una supuesta “riña” registrada al interior del Centro de Reinserción Social de Cuautla, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa lo siguiente: En ningún momento se registró un presunto hecho de violencia que altere las actividades cotidianas que se llevan a cabo al interior de este Centro de Reinserción Social, por lo que todo transcurre con total tranquilidad. Con motivo del cambio en los servicios del proveedor de alimentos, los cuales se llevarán a cabo de manera coordinada en los diversos centros de reinserción social, el ingreso de las visitas fue interrumpido de manera parcial sin mayor contratiempo. Acatando las instrucciones de la gobernadora constitucional Margarita González Saravia, la SSPC reitera su disposición con la sociedad morelense para seguir impulsando cambios estructurales en el sistema penitencia estatal.
VALIDA EXIGENCIA. Un grupo de manifestantes ha alzado la voz en Cuernavaca, exigiendo que sea el gobierno del estado quien asuma la responsabilidad del transporte público en Morelos. Esta demanda, lejos de sonar descabellada, se alinea con lo que establece la legislación y refleja una necesidad apremiante en la vida diaria de miles de ciudadanos. La situación del transporte público en Morelos ha sido un tema de controversia durante años. Los usuarios enfrentan problemas constantes como la falta de unidades, el mal estado de las mismas, la inseguridad y la falta de una regulación efectiva que garantice un servicio de calidad. La descoordinación entre los diferentes modos de transporte y la ausencia de una política integral han generado un caos que afecta la movilidad y, en consecuencia, la calidad de vida de los morelenses... La Ley de Movilidad del Estado de Morelos establece que es función del gobierno garantizar un sistema de transporte que sea seguro, eficiente y accesible. La intervención del gobierno en el transporte público podría significar una oportunidad para implementar un plan integral que contemple no solo la mejora de las unidades y rutas, sino también la capacitación de los operadores, el establecimiento de tarifas justas y la creación de un sistema de monitoreo que garantice la seguridad de los usuarios. Además, un gobierno comprometido con esta causa podría fomentar la participación de empresas privadas bajo un esquema de concesiones que asegure la calidad del servicio.
SIN RESULTADOS, PERO. Mientras la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) continúa enfrentando críticas por los nulos resultados en su labor de procuración de justicia, resulta preocupante observar la disparidad entre el considerable presupuesto que se le ha asignado y la efectividad de sus acciones. En 2023, Morelos se encuentra entre las entidades con mayor presupuesto ejercido en el país, con un fondo de 890.9 millones de pesos destinado a la FGE en el año anterior, además de un aumento significativo para este año, que incluye la propuesta de adquirir un helicóptero propio. La pregunta que inevitablemente surge es: ¿Dónde están los resultados tangibles de esta inversión? Los ciudadanos morelenses han sido testigos de una creciente ola de inseguridad y un sistema de justicia que parece estar desbordado. A pesar de contar con recursos financieros que, en teoría, deberían traducirse en una mejora en la capacidad operativa y en la resolución de delitos, la percepción general es de ineficacia y falta de acción. El hecho de que la FGE disponga de un presupuesto tan amplio pone en evidencia la necesidad urgente de rendición de cuentas. No se trata solo de contar con los recursos, sino de cómo se gestionan y ejecutan. La adquisición de un helicóptero, por ejemplo, puede ser vista como un intento de modernizar la infraestructura de la Fiscalía, pero esto no tiene sentido si no se acompaña de una estrategia clara para abordar los problemas de seguridad que aquejan a la entidad.
