El creciente poder del militarismo y el caso Ayotzinapa
Con la firme determinación de exigir la entrega de todos los archivos en poder del Ejército sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se llevó a cabo la 112 acción global convocada por las madres y padres de los estudiantes normalistas desaparecidos.
Al mismo tiempo, en el marco del Examen Periódico Universal de la ONU, más de 100 países realizaron recomendaciones al estado Mexicano para desmilitarizar la seguridad pública, adoptar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas armadas, investigar las denuncias por abusos cometidos por soldados y marinos en contra de civiles que han llegado a desapariciones, tortura o ejecuciones extrajudiciales, así como un plan que permita el control civil de la Guardia Nacional , entre otras observaciones en materia de derechos humanos, ante funcionarios del gobierno de López Obrador y con la ausencia de representantes de Gobernación y de la CNDH, organismo este último que ha sido omiso en la documentación de violaciones graves de derechos humanos atribuibles a los militares a pesar de que en sus propios archivos está documentado históricamente su actuación como brazo armado de las políticas de terrorismo de Estado desde los años 70s hasta la fecha, incluyendo el caso Ayotzinapa, lo que es más indignante y ofensivo para la memoria de Doña Rosario Ibarra de Piedra que tanto luchó por esclarecer la verdad y lograr la presentación de todos los desaparecidos luchando contra el poder y no subordinándose al mismo como lo hace quien está hoy al frente de éste organismo nacional y propone su desaparición en lugar de fortalecer su autonomía como se comprometió al iniciar su mandato hace casi 5 años.
Existe una máxima que establece: se puede saber la fecha cuando se saca a los militares a las calles, pero no cuando regresen a los cuarteles, señala un pronunciamiento realizado por el PRT, indicando claramente que lo que estamos viviendo en México muestra los graves problemas que el militarismo ocasiona a los derechos humanos y a la democracia cuando se va imponiendo la lógica de la fuerza por encima de la legalidad y las decisiones que deberían recaer en el poder civil.
Así como en un principio se denunció el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa como un crimen de Estado, hoy vemos como se confirma plenamente este hecho con cada medida que ocurre para tratar de impedir que haya justicia y se conozca la verdad del paradero de los estudiantes y lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La determinación judicial de conceder la medida cautelar de seguir el proceso de 8 militares fuera de la prisión del Campo Militar es una demostración palpable de lo anterior. Si bien es cierto, los 8 militares acusados de participar en la desaparición forzada de los 43 estudiantes no han quedado exonerados, también es verdad que al obtener beneficios de libertad los coloca en situación de privilegio sobre miles de civiles que jamás obtienen ese trato por parte del poder judicial, sobre todo tratándose de crímenes graves como es la desaparición forzada.
Esta medida tiene como antecedente la liberación de varios de los implicados en el caso Ayotzinapa por órdenes judiciales en Tamaulipas, por haber sido torturados, pero sin tomar medidas cautelares para evitar su huida para seguir siendo investigados, como debería haber hecho el poder judicial.
Hasta el momento no se han dictado sentencias condenatorias contra los detenidos por desaparición forzada, viéndose beneficiados por sucesivos amparos, protegiendo a militares de diversos grados.
La respuesta del gobierno de López Obrador, atacando a los jueces y a la misma SCJN, tiene por lo tanto solamente una parte de la verdad, ya que omite asumir la responsabilidad que tiene al dar mayor poder al Ejército y no garantizar que éste haga entrega de toda la información en poder de los archivos militares para esclarecer los hechos y sobre todo las responsabilidades de las fuerzas armadas en éstas desapariciones.
Contrariamente a lo que denunció el ex Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, en el sentido de que los abogados militares litigan contra la investigación presidida por el Presidente y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ha sido el propio López Obrador quien ha dicho una vez más que no está de acuerdo con quien en su momento designó al frente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
El conflicto entre la Presidencia y la SCJN en este caso solamente ayuda a encubrir las responsabilidades del Estado Mexicano en éstos hechos, mostrando que el Estado es un sistema que garantiza el dominio de quienes ejercen un poder que va más allá de un sexenio o de un determinado partido, básicamente un poder capitalista que ha utilizado la desaparición forzada como una estrategia de terrorismo de Estado en contra de movimientos sociales independientes y, en este caso, en contra de los estudiantes de las Normales Rurales.
Desmontar éste aparato de dominación es fundamental para avanzar en la justicia y la verdad en el caso de Ayotzinapa y las más de 113 mil desapariciones que actualmente existen en el país y que sigue siendo una de las demandas principales de los colectivos de búsqueda y de las organizaciones que en México hemos luchado durante décadas porque los derechos humanos sean una realidad para todas y todos. Por ello, es importante mantener y fortalecer las acciones de lucha antes de que termine el mandato de éste gobierno, como se realizará durante la Asamblea Nacional Popular que se llevará a cabo el 10 de febrero en la Normal Rural de Ayotzinapa a convocatoria de madres y padres de los 43, y en la marcha que se hará el 31 de enero a las 4 de la tarde del Calvario al zócalo de Cuernavaca que está convocando el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.
