Que la indignación levante a 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Ante el horror cotidiano debemos hacer un esfuerzo colectivo para elevar nuestras voces de protesta y no permitir que continúe ocurriendo tanta muerte sin fin. Este 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue una respuesta de la ONU ante los asesinatos de más de 50 millones por el afán de dominación económica, política y militar de los países imperialistas y el fascismo que provocaron el holocausto, los campos de concentración, la bomba atómica, las ciudades reducidas a polvo y escombros. Han pasado los años y vemos las mismas escenas devastadoras en Gaza, ocasionadas por el gobierno sionista de Netanyahu con el apoyo del imperialismo norteamericano que vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU una moción de alto al fuego humanitario propuesto por Guterres, su Secretario General. En respuesta, se ha convocado a una huelga general en todo el mundo para éste 11 de diciembre, para detener el genocidio en Gaza.
Porque nada humano nos resulta indiferente, es necesario fortalecer la solidaridad internacionalista, porque de no hacerlo, las repercusiones se harán presentes en nuestras vidas cotidianas, por lo que es urgente actuar antes de que sea demasiado tarde.
Por eso es que impulsamos y participamos en los diferentes movimientos sociales que defienden sus derechos humanos y se movilizan para conseguirlo. Es el caso de los más de 130 sindicatos, organizaciones sociales y cooperativas, que están llevando a cabo una jornada nacional de lucha este 11 de diciembre en todo el país, en defensa de los derechos laborales y sindicales. Desde el zócalo de la ciudad de Cuernavaca, las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética están convocando a sumar fuerzas en ésta iniciativa unitaria de la Convención Nacional Democrática.
También en este sentido apoyamos y nos sumamos a la organización de más de 30 pueblos y comunidades indígenas de Morelos que han llevado a cabo un encuentro en el Congreso del Estado para integrar un Consejo de Pueblos Indígenas que luche por sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales ante las políticas antidemocráticas y excluyentes de la mayoría de los partidos políticos que participarán en las próximas elecciones de 2024 y que no han tenido empacho en usurpar los cargos que legalmente les corresponde a los pueblos originarios. En éste espacio unitario están participando muy activamente quienes son integrantes del Consejo Promotor de la Iniciativa Legislativa para la Creación del Municipio Indígena de Alpuyeca, que lejos de disminuir su presencia luego de la muerte de dos de sus principales promotores, Don Juan Estrada Guadarrama y Don Alejandro Marure “el Chato”, han seguido su ejemplo de lucha para alcanzar la autonomía y libre determinación de su pueblo.
No menos importantes son las movilizaciones de protesta ante las crecientes violencias que viven las mujeres. Por eso, vemos la reacción de indignación ante el feminicidio de la joven maestra de Temixco Alejandra Soto Casillas, asesinada frente a la escuela en Cuernavaca por asaltantes que le robaron su camioneta. También nos sumamos a las voces de quienes exigen que más de 10 mujeres internas en el Centro Federal de Readaptación Social ubicado en Coatlán del Río, sean investigadas de acuerdo al protocolo que establece que toda muerte violenta de mujeres sea investigada en principio como feminicidio, y no como suicidio, debido a que las condiciones de violencia cotidiana dentro del penal pueden ocasionar enfermedades psicológicas que tienen responsables en las autoridades que debieran garantizar la vida de las internas. También por los feminicidios de mujeres en casi todos los municipios de Morelos, como lo documentó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos desde hace 23 años, con una cifra superior a los 1,300 hasta la fecha, sin que la inmensa mayoría sea investigado, sancionado y sobre todo se tomen las medidas para evitar su repetición, como lo establece la Alerta de Violencia de Género establecida desde el 10 de agosto de 2015. Va nuestra solidaridad con las mujeres del Colectivo Atzin que exigen la libertad de Xóchitl Ramírez, mujer indígena originaria de Tlamacazapa, Guerrero, actualmente presa en el penal de Atlacholoaya, a pesar de las pruebas aportadas para demostrar su inocencia. La inmensa mayoría de mujeres presas en nuestro país no han sido sentenciadas y algunas han obtenido su libertad luego de 13 o más años de cautiverio.
Son cada vez más los colectivos de mujeres, sobre todo madres e hijas, de personas desaparecidas, que realizan esfuerzos cotidianos para buscar y localizar a sus seres queridos. Por ello es que comprendemos su dolor, ya que desde el 16 de diciembre de 1988, hemos acompañado a familiares y camaradas de José Ramón García Gómez, desaparecido en Cuautla a manos de policías, para lograr el esclarecimiento histórico de su desaparición y llegar a la verdad como una forma de reparación del daño causado por las campañas de calumnias y criminalización que se llevó a cabo desde el poder para estigmatizar su lucha contra el fraude electoral que llevó al poder a Salinas de Gortari, así como su convicción de luchar por el socialismo internacionalista.
La lista de agravios y violaciones a los derechos humanos es muy larga y el dolor que ocasiona es inmenso. Por ello, es que ratificamos nuestra determinación de continuar la lucha que desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, iniciamos en 1989, hace ya 34 años, hasta lograr que la dignidad se siente entre nosotros y logremos que haya justicia, igualdad, libertad, democracia y derechos humanos para todas y todos.
