Justicia para todos
El poder judicial, como he comentado en anteriores artículos, resulta un verdadero lastre en la sociedad actual. Su acción que debería ser la certeza justiciera más emblemática de una sociedad, pero representa en contrasentido el ente que garantiza impunidad y corrupción en su más alto nivel. La justicia en nuestro país parece un cuento de hadas, algo que se comenta, pero es inexistente cuando menos en la acción del poder judicial en México y por supuesto Morelos de la mano.
En Morelos tenemos una fiscalía que debiera ser garante de investigar delitos para procurar la justicia de los ciudadanos y con ello coadyuvar a disminuir la inseguridad en el estado, sin embargo, la realidad está muy lejos de la anterior premisa. La fiscalía en Morelos no investiga nada, los delitos pasando por robos, asaltos, accidentes, homicidios, contra la salud, etc. nunca se investigan, ni los homicidios que han sacudido al estado por ser de importancia relacionada con la gobernabilidad, como el de la diputada Gabriela Marín que fue asesinada desde octubre del 2022 y hoy es día que no sabemos absolutamente nada del fondo del crimen, lo mismo con el hermano de la diputada Macrina Vallejo que fue asesinado en abril de este año pero hasta hoy no se sabe nada sobre las causas de su secuestro y posterior asesinato.
Entonces con una fiscalía que no investiga y con un poder judicial que suelta presuntos delincuentes argumentando que las carpetas de investigación no son integradas conforme a derecho, la realidad es que la impartición de justicia es un pendiente que no debería postergarse. La corrupción, la manipulación y los intereses personales son la constante en el poder judicial y en la fiscalía del estado. Esto en detrimento de la justicia en Morelos, que a pesar de ser un estado donde la violencia no disminuye y los robos están a la orden del día, la impunidad se impone de manera flagrante un día sí y al otro también.
Los homicidios dolosos, el feminicidio y el secuestro están al alza en Morelos, pero además y lo que es peor, al no haber investigación tampoco hay presuntos culpables y cuando por casualidad se presenta alguno, no tarda mucho en ser liberado bajo argumentos, en la mayoría de los casos, inverosímiles. Los jueces están al servicio del dinero y no de la justicia, esa es una realidad insoslayable.
Ante esta realidad estamos y no se ve que las cosas puedan dar un giro en el corto plazo porque tenemos un legislativo omiso y sin capacidad para voltear a ver y proponer los cambios necesarios para mejorar el sistema de justicia en el estado y un ejecutivo similar, omiso, ignorante y sin la menor intención de generar condiciones políticas diferentes para cambiar lo que está mal y con ello mejorar la justicia en el estado.
Así llegaremos al 2024 los aspirantes tienen un reto enorme, que no basta con simple retórica, falsa y manipuladora para convencer al elector y vote por alguno de ellos. Tenemos que revisar el pasado de cada uno de los aspirantes y revisar con lupa sus resultados, más allá de sus propios intentos por convencer y para ello inventar lo que nunca hicieron.
La necesidad de cambiar muchas en el estado es imperante, pero el tema de justicia lo es aún más. No se puede aspirar a tener un estado con desarrollo y armonía si antes no se garantiza la justicia. Ya veremos quienes de los aspirantes toma el tema de justicia como bandera de campaña y hasta donde se pueden comprometer a generar los cambios necesarios para garantizar que quienes deben impartir la misma, lo hagan con responsabilidad y compromiso con la sociedad y no con sus jefes políticos. Por ello reitero desde este espacio, abramos bien los ojos y seamos muy analíticos para determinar a quién preferimos para gobernar el estado de 2024 al 2030 porque de ello dependerá que las cosas mejoren o que de plano las cosas se salgan de control y con ello el saqueo, la corrupción y la injusticia siga imperando en el estado.
*IR