¿Dónde Están?
A diez años de la desgarradora desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el eco de sus voces aún resuena en el corazón de México. Las familias de estos jóvenes continúan su incansable búsqueda, anhelando no solo el regreso de sus seres queridos, sino también el acceso al derecho fundamental a la verdad. Este trágico suceso no solo marcó un hito en la historia del país, sino que también encendió una llama de indignación y demanda de justicia que ha movilizado a miles en todo el territorio nacional. Sin embargo, la desaparición de personas no es un fenómeno exclusivo de Ayotzinapa; es una crisis que ha ido en aumento en diversas regiones de México, incluido nuestro estado de Morelos.
De acuerdo con datos de la Red LUPA, la situación en Morelos es alarmante. Desde 2016, los casos de desaparición han experimentado un incremento significativo, alcanzando su punto máximo en 2022, con un total de 1,812 personas que aún continúan desaparecidas hasta mayo de 2024. Este aumento es un reflejo de una problemática que no puede ser ignorada, y que se manifiesta con especial virulencia en Cuernavaca, donde se concentra la mayor parte de estos casos.
Es especialmente preocupante que el 39.23% de las personas desaparecidas y no localizadas en Morelos se encuentre en el rango de edad de 15 a 29 años, un grupo que, irónicamente, coincide con la edad de los jóvenes de Ayotzinapa. Esta coincidencia no es solo numérica; representa una pérdida de potencial humano, de sueños y de futuros que se desvanecen en la niebla de la impunidad. Además, se destaca que el 49.65% de los casos de mujeres desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad de 10 a 24 años, lo que subraya la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes en nuestro estado.
La falta de respuestas y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos son factores que alimentan un clima de desesperanza y miedo. Las familias de los desaparecidos en Morelos, al igual que las de Ayotzinapa, merecen saber la verdad. Este derecho no es un simple capricho, sino un componente esencial de la justicia y la dignidad humana. La memoria de los 43 estudiantes desaparecidos debería servir como un llamado urgente a la acción, no solo para la búsqueda de justicia en su caso, sino para erradicar la impunidad que rodea a las desapariciones en todo México.
Es imperativo que tanto las autoridades locales como las federales asuman su responsabilidad en la implementación de políticas efectivas y en la creación de un marco legal que proteja a los ciudadanos y garantice la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. La sociedad civil también tiene un papel vital en esta lucha; debemos ser voz y apoyo para quienes claman justicia y verdad.
En este décimo aniversario de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, es crucial que recordemos que la lucha por la verdad y la justicia no termina en un solo caso. En Morelos, en cada rincón del país, hay familias que sufren la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos. Es momento de unir voces, de exigir acciones concretas y de no permitir que la memoria de los desaparecidos se diluya en el olvido. La búsqueda de justicia es una responsabilidad colectiva, y no debemos flaquear en ella.
