Magistrados culpan a Jorge Gamboa Olea de obligar a trabajadores a apoyarlo
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado culparon directamente a Jorge Gamboa Olea de obligar a trabajadores del Poder Judicial a respaldarlo, bajo amenazas que incluyen el despido. Y afirmaron: “Es imperativo, asimismo, que deje de intimidar y coaccionar al personal de la institución”.
En un comunicado, los magistrados rechazaron el intento de deslinde de Gamboa Olea, y además lo señalaron como responsable de atentar contra la impartición de justicia por defender intereses personales. Más aún: le recordaron a Jorge Gamboa Olea que él debe ser el primero en acatar la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo mismo que la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Le reiteraron que este posicionamiento de los magistrados se hace sin consentir en la reforma inconstitucional aprobada por el Congreso estatal y que ha sido impugnada ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, en contraste con las afirmaciones de Gamboa Olea y sus seguidores, quienes aseguran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la prolongación de su mandato dos años más, lo cual es falso.
En un comunicado en el que los magistrados se dirigen a las autoridades federales y estatales, a los justiciables y abogados litigantes, sí como a la sociedad en general, plantean: “La mayoría de los Magistrados y Magistradas integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos manifestamos nuestra absoluta indignación y reprobamos que se haya utilizado y obligado a los compañeros trabajadores de esta institución para manifestar un supuesto apoyo a favor del magistrado Luis Jorge Gamboa Olea”.
En el comunicado se agrega que los trabajadores del Poder Judicial fueron presionados a suspender sus labores por un lapso de una hora de la jornada laboral, ocasionando la interrupción y diferimiento de una gran cantidad de audiencias y otras actuaciones judiciales.
Agregan que se imposibilitó también el acceso a los expedientes, pues incluso se impidió el ingreso a los justiciables y abogados postulantes a las distintas sedes judiciales, causando con ello un grave daño a la labor de impartición de justicia.
El comunicado señala: “Hacemos de su conocimiento que recibimos una comunicación de parte del magistrado Luis Jorge Gamboa Olea con la que pretendió deslindarse, y deslindar al personal bajo su mando, de la responsabilidad en la organización y participación en dichos reprobables eventos, haciendo, por tanto, responsables a los propios trabajadores”.
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Y su señalamiento es directo: “No existe manera de que el magistrado Luis Jorge Gamboa Olea pueda deslindarse de su evidente y clara responsabilidad por su conducta ostensiblemente omisiva, al no impedir y no girar las correspondientes instrucciones para que el personal de primera instancia se abstuviera de suspender sus labores y ausentarse de sus áreas de trabajo. Él debe ser el principal responsable y ejemplo en acatar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se le recuerda, además, que todos los magistrados debemos obedecer la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos que nos vincula a desempeñar el cargo”.
También exigieron al defenestrado presidente del Tribunal: “Es imperativo, asimismo, que deje de intimidar y coaccionar al personal de la institución. Lo señalamos de manera directa y categórica como el ÚNICO RESPONSABLE del grave daño que se está causando a la labor de impartición de justicia, con el solo fin de obtener un aparente respaldo a su interés personal”.
El pronunciamiento de los magistrados, aclaran, “Se formula sin consentir la aplicación del artículo tercero transitorio del Decreto 1230, que reformó la Constitución del Estado de Morelos, publicado el 05 de julio de 2023 en el Periódico Oficial ´Tierra y Libertad´, número 6206, que se encuentra afectado de inconstitucionalidad, tal y como fue reconocido por siete de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la acción de inconstitucionalidad 170/2023 en sesión 06 de mayo de 2024; y, por tanto, sus efectos y consecuencias también son inconstitucionales, y que se encuentran impugnadas junto con la porción normativa, por cuanto a su regularidad constitucional, ante las autoridades jurisdiccionales competentes”.
