Que el sector educativo encabece el listado de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) —por encima incluso de los centros de arresto municipales y de la Fiscalía General del Estado— no es un simple dato estadístico; es el síntoma de una fractura institucional que lleva años normalizándose. Así lo confirmó recientemente la presidenta del organismo defensor, Nadxieelii Carranco Lechuga, al advertir que el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) concentra el mayor volumen de expedientes, impulsados principalmente por dos frentes: denuncias de docentes por acoso laboral y reclamos de familias por omisiones ante casos de acoso escolar (bullying).
La paradoja resulta alarmante. Las escuelas públicas deberían ser el primer espacio de formación cívica, contención social y garantía de derechos para la niñez y adolescencia morelense. Sin embargo, cuando la omisión se vuelve protocolo y la burocracia sustituye a la prevención, los planteles terminan convirtiéndose en cajas de resonancia de la violencia externa y de las tensiones internas. Como bien ha puntualizado la propia CDHM, el organismo no interviene para resolver conflictos entre particulares, sino para señalar cuando una autoridad falla en su deber de proteger. Si el bullying escala hasta los escritorios de los derechos humanos, no es únicamente porque existan agresiones entre alumnos, sino porque los mecanismos internos de mediación, detección temprana y sanción en las escuelas simplemente no se están aplicando o carecen de seguimiento real.
Pero el problema no se agota en la relación entre estudiantes. El otro rostro de la estadística apunta directamente a la gestión administrativa y política del propio instituto: el acoso laboral, la discriminación y la violencia institucional denunciada por maestras, maestros y personal administrativo. Resulta difícil exigirle a un cuerpo docente que construya entornos de paz y empatía en el aula cuando ese mismo magisterio opera bajo climas laborales hostiles, incertidumbre en sus procesos de promoción o disputas internas que paralizan la vida institucional.
La inestabilidad en la cúpula directiva tampoco abona a una solución de fondo. A poco más de dos años de la actual administración estatal, el IEBEM ha transitado por cuatro relevos en su titularidad —el más reciente en octubre pasado, tras paros laborales del personal administrativo que derivaron en la salida de Carlos Franco Ruiz a escasos días de su nombramiento y la llegada de Jorge Trejo Chávez—. Esta puerta giratoria impide consolidar políticas públicas de largo aliento. Cada cambio de mando reinicia diagnósticos, reacomoda estructuras y posterga la capacitación urgente que requieren directivos y docentes para atender conflictos sin revictimizar a los involucrados.
El fenómeno de la violencia escolar tiene, sin duda, raíces multifactoriales que rebasan las bardas de cualquier escuela y atraviesan el tejido social y familiar de Morelos. No obstante, reconocer la complejidad del entorno no exime de responsabilidad a quienes diseñan y ejecutan la política educativa. Las campañas esporádicas, los protocolos archivados y los discursos de buena voluntad han demostrado ser insuficientes.
Hoy, la Secretaría de Educación y la nueva dirección del IEBEM enfrentan un reto que exige mucho más que control de daños administrativos: requieren auditar la eficacia real de sus protocolos de convivencia escolar, profesionalizar la atención psicológica y jurídica en los planteles y erradicar el uso discrecional del poder contra sus propios trabajadores. De lo contrario, el primer lugar ante la CDHM seguirá siendo el recordatorio incómodo de que, en Morelos, la educación está reprobando su asignatura más elemental: garantizar la dignidad de quienes enseñan y de quienes aprenden, a ver…


