No hace falta fijar la mirada únicamente en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE) para atestiguar el paulatino desmantelamiento de la imparcialidad institucional en México. En los estados, la descomposición del arbitraje democrático avanza con la misma soltura y con un tufo aún más cínico. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), encabezado por la consejera presidenta Mireya Gally Jordá, ha ofrecido un retrato magistral de cómo convertir la garantía de los comicios en una ventanilla de contratos predilectos y simulación presupuestal.
La asignación de 36.8 millones de pesos a la empresa Litho Formas para imprimir las boletas y el material electoral de la elección de 2024 (bajo la licitación pública IMPEPAC/LP/002/2024) no es una simple errata administrativa ni un evento aislado. Forma parte de una maraña mucho más profunda que conecta a las cúpulas electorales con una conocida red de proveedores predilectos.
Los detalles documentados sobre el procedimiento revelan el nivel de prisa y opacidad con el que operó el instituto morelense: Convocatoria amarrada: De las seis empresas que adquirieron las bases del concurso, cinco pertenecían al mismo entramado empresarial vinculado a los hermanos Hernández Casillas. La competencia real era inexistente desde el origen.
El proceso se desahogó a marchas forzadas entre el 13 y el 19 de marzo de 2024. Tras modificar especificaciones clave en la junta de aclaraciones, el Impepac fijó un plazo de apenas 17.5 horas para entregar propuestas económicas, por lo que el fallo técnico a favor de Litho Formas se dictaminó apenas tres minutos después de la apertura de propuestas, sin que conste en el expediente público una matriz de evaluación detallada o la verificación técnica rigurosa de las muestras presentadas.
Así, la puesta en escena culminó como estaba prevista: Litho Formas fue la única firma que presentó oferta formal, adjudicándose el contrato millonario mientras la institución encogía los hombros alegando "falta de interesados".
El caso cobra especial relevancia por el trasfondo de sus protagonistas. Los hermanos Hernández Casillas encabezan un conglomerado impresor que acumula señalamientos por simulación de competencia y acaparamiento de contratos en diversos órganos electorales del país. La vinculación de estos actores con la cúpula directiva del INE confirma que el Impepac no actuó a ciegas, sino que replicó una inercia de favoritismo institucional.
Por si fuera poco, el propio desarrollo del contrato expuso la ineficiencia del proveedor: retrasos en la entrega y errores de impresión que obligaron a desplegar personal operativo de supervisión a marchas forzadas para no descarrilar la jornada del 2 de junio.
Y entonces, ¿quién vigila al árbitro? Cuando el árbitro electoral confecciona licitaciones con plazos imposibles para ahuyentar competidores y favorecer al mismo grupo empresarial de siempre, la confianza ciudadana no se rompe por accidente: se destruye por diseño. No basta con abrir una convocatoria si las condiciones cierran, en los hechos, la puerta a una competencia auténtica; tampoco basta con exhibir un expediente si sus decisiones no pueden explicarse con claridad y someterse al escrutinio público. La legalidad no puede reducirse a una colección de sellos y firmas, ni la transparencia a un escaparate donde todo se muestra, pero nada se aclara. Quien exige respeto a las reglas del juego democrático debe empezar por demostrar que esas mismas reglas rigen el destino de cada peso que administra. Porque la imparcialidad no se presume por decreto ni se acredita con discursos: debe sostenerse también en las decisiones de contratación. La autonomía institucional debe proteger al árbitro de las presiones externas, no convertirse en un muro frente a las preguntas ciudadanas. Y si la institución encargada de garantizar una cancha pareja no puede explicar cómo elige a sus proveedores, la pregunta deja de ser una figura retórica y se vuelve una exigencia pública: ¿qué controles funcionan, quién revisa las decisiones y cómo se responde cuando las reglas dejan de servir al interés común?
Mireya Gally Jordá y el consejo directivo del Impepac deben explicaciones que van más allá del tecnicismo legal. Exigir auditorías externas y deslindar responsabilidades en los órganos internos de control ya no es un tema de rutina administrativa, sino una urgencia para evitar que los recursos públicos de Morelos sigan sirviendo de caja chica para los negocios al amparo de las urnas, a ver…
325
Me Gusta
Comentar
Compartir
