• La sombra sobre el INE y la farsa de la autonomía

El desplome de la imagen pública del Instituto Nacional Electoral no es una sorpresa ni un accidente fortuito; es el resultado previsible de un diseño político orientado al desgaste y la cooptación. La dimisión de Guadalupe Taddei Zavala, envuelta en graves señalamientos de presunta corrupción, favoritismo en contrataciones y cuestionamientos de la Auditoría Superior de la Federación, no sólo representa la caída de una figura de alto nivel, sino la confirmación del tiro de gracia a la credibilidad del árbitro electoral en el momento más delicado del calendario político.

Resulta indispensable llamar a las cosas por su nombre: el ascenso de Taddei a la presidencia del INE, impulsado hace poco más de tres años y medio por el régimen de la Cuarta Transformación, prometía una "austeridad republicana" y una supuesta "democratización" de la burocracia electoral. La realidad, sin embargo, demostró ser mucho más burda. Lo que se vendió como una renovación ciudadana terminó materializándose en una gestión caracterizada por la parálisis administrativa, la opacidad en la asignación de contratos y una abierta subordinación política que desmanteló, piedra por piedra, la independencia que al organismo le tomó décadas construir.

El escenario previo al próximo proceso electoral no podría estar más enrarecido. La salida de Taddei ocurre en medio de acusaciones cruzadas y un sospechoso tufo a corrupción que choca frontalmente con la narrativa oficialista de pureza e impunidad cero. Que el órgano encargado de garantizar la pulcritud de los votos y la transparencia en las urnas haya sido contaminado por prácticas opacas de asignación directa y favoritismo institucional es una afrenta directa a la ciudadanía. La coartada de que "las personas pasan y las instituciones quedan" no alcanza para disimular la podredumbre interna ni el dolo político con el que se minó la autoridad moral de la institución.

Ahora, la pelota regresa a la cancha del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados se enfrenta al reto de designar a quien asumirá la presidencia del Consejo General del INE. Sin embargo, en el clima de polarización extrema que domina al Legislativo, la negociación se perfila más como un reparto de cuotas y un estira y afloja entre facciones que como un ejercicio serio de búsqueda de idoneidad. El riesgo de que la mayoría parlamentaria busque imponer a un nuevo perfil afín —un mero relevo de guardia para mantener la injerencia desde el poder— es inminente y letal para la contienda de 2027.

Organizar una elección de la magnitud que se avecina exige un árbitro con autoridad incontestable, capacidad técnica comprobada e independencia blindada. Un árbitro al que todos los actores reconozcan y cuyas decisiones se acaten sin suspicacias. Hoy, el INE llega a este umbral crítico descabezado, sumido en la incertidumbre y con la sospecha pública instalada en sus cimientos.

Si la clase política insiste en utilizar la vacante de la presidencia del INE como un botín partidista más, el costo no lo pagarán las dirigencias ni los legisladores: lo pagará la estabilidad democrática del país. Restablecer la confianza no será cuestión de discursos ni de promesas parlamentarias; requerirá un perfil verdaderamente equidistante del poder y una fiscalización implacable sobre las ruinas que deja la gestión saliente. Sin un árbitro legítimo, el proceso electoral nace herido de muerte, y la sombra del fraude o el desacato flotará sobre cada casilla que se instale en el país.

Y es que cuando un árbitro electoral carece de autoridad moral antes de que ruede el balón, el resultado del partido se impugna desde el minuto uno. Si el Congreso opta por la imposición de un perfil servil o por un reparto de cuotas de poder, las fuerzas políticas perdedoras tendrán el pretexto perfecto para desconocer los resultados. En un ambiente donde la narrativa del "fraude" o de la "cancha inclinada" se activa con facilidad, un INE debilitado no tendrá la fuerza institucional para hacer valer sus resoluciones. El riesgo no es solo legal, sino social: la falta de confianza en el juzgador invita al desacato, al conflicto postelectoral en las calles y a la ingobernabilidad.

La presidencia del INE no es solo una figura representativa; encabeza la estructura que audita el origen y destino de los recursos de partidos y candidaturas. La opacidad cometida bajo la gestión saliente envía una señal peligrosa a los actores políticos: que el control institucional es frágil y permeable. En un país donde la infiltración de recursos ilícitos y de procedencia dudosa en las campañas es una amenaza constante, contar con un órgano debilitado e incapaz de fiscalizar con firmeza abre de par en par la puerta a la captura de candidaturas por intereses fácticos.

El costo final de este cálculo político no lo pagan las élites ni los partidos políticos, que suelen negociar sus parcelas de poder a puerta cerrada. Quien lo paga es el electorado, cuya única herramienta de contrapeso es la efectividad de su voto. Si el ciudadano percibe que el organismo encargado de contar y cuidar su decisión está sometido al gobierno en turno o contaminado por la corrupción, se rompe el pacto de confianza fundamental sobre el que se sostiene la democracia. La abstención, el desencanto y la apatía ciudadana son las verdaderas consecuencias de convertir al árbitro electoral en un botín político, a ver…