El asunto del Proceso de Promoción Horizontal 2026 en Morelos, es la fotografía incómoda de un sistema que durante años permitió que la opacidad se instalara en uno de los mecanismos más sensibles para la vida laboral del magisterio: el acceso a mejores ingresos mediante la valoración de méritos, formación y trayectoria. La denuncia presentada por la autoridad federal ante la FGR derivada de una queja administrativa por la presunta alteración de instrumentos de evaluación y la presentación de constancias de formación continua sin haber cursado las actividades correspondientes, confirma que el problema rebasó el terreno de la inconformidad y entró de lleno al ámbito penal y de responsabilidades públicas.
La versión oficial reconoce que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros detectó posibles irregularidades en constancias de formación continua correspondientes a un diplomado de 2024, lo que derivó en la revisión de su validez conforme a la normativa vigente. También se ha informado que alrededor de mil 150 docentes fueron afectados con la reducción de 20 puntos en el rubro de Actualización y Desarrollo Profesional, puntaje que, para muchos, significó quedar fuera del listado de resultados publicado el 5 de octubre. Ese listado, según la propia autoridad, no será modificado para garantizar certeza jurídica. Dicho de otro modo: quienes protestaron, tomaron instalaciones y exigieron la restitución de puntos terminaron aceptando una ruta en la que deberán presentar evidencias individuales y someterse a los criterios que determine la Federación. La protesta abrió una puerta, sí, pero no tumbó la pared.
Y ahí está el punto medular: si hubo constancias apócrifas, alteración de instrumentos o simulación de cursos, no basta con señalar a docentes de manera general ni con lavar la cara institucional mediante mesas de revisión. Se requiere saber quién emitió esas constancias, quién las validó, quién cobró, quién protegió y quién permitió que documentos presuntamente irregulares llegaran a un proceso federal. Porque en estos casos casi nunca opera una mano solitaria. La corrupción educativa, cuando existe, necesita ventanillas, sellos, omisiones, complicidades y silencios. Por eso resulta políticamente cómodo cargar toda la sospecha sobre el magisterio inconforme, pero institucionalmente irresponsable no revisar la cadena completa de decisiones.
El IEBEM no llega limpio a esta discusión. Desde años anteriores han circulado denuncias públicas y señalamientos sobre posibles irregularidades en ingresos, promociones, ascensos, asignación de plazas y manejo de procesos vinculados a la carrera docente. Durante la gestión de Eliacín Salgado de la Paz, de 2018 a 2024, distintos actores denunciaron presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, desvíos, venta de plazas y uso faccioso de áreas estratégicas del instituto. Que esas acusaciones requieran investigación formal y pruebas no significa que deban ser ignoradas; al contrario, obligan a preguntarse por qué las autoridades estatales no habían querido mirar hacia atrás con seriedad. La actual denuncia federal no debería convertirse en un expediente aislado, sino en la llave para revisar un periodo completo en el que el IEBEM fue señalado una y otra vez como territorio de cuotas, favores y negocios.
La pregunta incómoda es por qué la autoridad estatal esperó a que la Federación moviera ficha. Si la SEP y la USICAMM consideran que hay elementos para acudir ante la FGR por irregularidades en constancias de formación continua, entonces el gobierno de Morelos tendría que explicar qué controles fallaron en el instituto, qué funcionarios intervinieron, qué áreas recibieron la documentación y por qué no se detectaron antes las inconsistencias.
El fondo es si el proceso de promoción horizontal fue vulnerado por documentos falsos, validaciones indebidas o decisiones administrativas tomadas con criterios opacos. El fondo es si los docentes honestos fueron castigados por una red de simulación que otros aprovecharon. Y el fondo, sobre todo, es si las mismas autoridades que hoy prometen legalidad estuvieron antes ciegas, distraídas o convenientemente mudas.
Por eso la investigación no debe limitarse al diplomado de 2024. Si realmente se quiere limpiar la casa, la revisión tendría que ampliarse al menos desde 2018, año en que inició una etapa marcada por severos cuestionamientos al manejo del IEBEM. Sería ingenuo creer que una presunta operación de constancias irregulares nació de la nada y murió en un solo proceso. Las redes de corrupción no aparecen de un día para otro: se incuban, se perfeccionan, se reparten beneficios y se protegen desde la comodidad del cargo público. Si hubo funcionarios, exfuncionarios, gestores, particulares o presuntos institutos de capacitación involucrados, todos deben ser llamados a cuentas. No sólo los maestros que hoy deberán presentar papeles ante la autoridad.
La sombra política alcanza inevitablemente a quienes gobernaron y permitieron que el instituto operara bajo sospecha. Durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, el IEBEM fue objeto de señalamientos reiterados y, pese a ello, pocas veces se observaron consecuencias proporcionales al tamaño de las acusaciones. Si ahora la federación entra con una denuncia ante la FGR, la obligación ética del nuevo momento institucional es no administrar el escándalo, sino abrirlo completo.
Si hubo corrupción, que se castigue; si hubo documentos falsos, que se identifique a los responsables; si hubo docentes afectados injustamente, que se les repare; y si hubo funcionarios que convirtieron los procesos de promoción en negocio, que respondan ante la ley. Lo que no puede permitirse es la salida cosmética de siempre: una mesa de diálogo, una minuta, un boletín y el olvido. Morelos necesita saber si la promoción horizontal fue un mecanismo de mérito o una ventanilla más de la corrupción educativa. La FGR tiene ahora una hebra; falta ver si se atreve a jalarla hasta donde verdaderamente conduce, a ver…
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