Mitos Y Hechos

Sheinbaum y González Saravia
El asesinato de Christian Shamed y Gael, dos jóvenes de apenas 17 años y estudiantes de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha vuelto a colocar a la entidad como un foco rojo a nivel nacional. La reacción del Gobierno Federal no tardó en llegar: la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó reforzar la seguridad en Morelos y coordinar mesas de trabajo urgentes entre la Secretaría de Gobernación, la gobernadora Margarita González Saravia y la rectoría de la institución educativa. Si bien el pronunciamiento presidencial reconoce un panorama alarmante —admitiendo de manera explícita que “ya son muchos los estudiantes asesinados”—, la verdadera efectividad de este anuncio dependerá de su capacidad para trascender el protocolo político y traducirse en acciones preventivas reales. La recurrencia de estos delitos evidencia que los jóvenes de Morelos se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que los llamados previos a la paz no han logrado frenar la inercia delictiva en municipios clave como Cuernavaca y Cuautla. El principal acierto en el discurso de Sheinbaum radica en el enfoque que ha asignado a los titulares de su gabinete: instruyó a Rosa Icela Rodríguez (Segob) a desmenuzar las causas locales y a Omar García Harfuch (SSPC) a intervenir directamente en Cuernavaca con labores de inteligencia y contención del fuero común. Este viraje hacia un modelo de prevención basado en inteligencia penal y fortalecimiento institucional —marcando una distancia explícita con las viejas estrategias de la llamada "guerra contra el narco"— resulta indispensable en el México actual… La gobernadora de Morelos informó que ya sostuvo una plática con la titular de Gobernación federal para estrechar las medidas de seguridad… Los grupos criminales se fueron fortaleciendo con el paso de los años; a las actuales administraciones les corresponde frenarlos.

Paro en bachilleratos
El inicio del ciclo escolar en la educación media superior de Morelos ha quedado sepultado bajo el peso de las promesas incumplidas. La decisión de más de 3 mil docentes y administrativos de irse a un paro indefinido de labores no es un acto de intransigencia caprichosa, sino el síntoma inevitable de un sistema burocrático federal que ha normalizado trabajar bajo adeudo. Que hoy más de 20 mil jóvenes de planteles clave como los CBTis, CETis y CBTA no tengan un aula a la cual asistir es una tragedia social cuya total responsabilidad recae en las autoridades educativas. La numeralia de la crisis es fría, pero contundente: 60 millones de pesos acumulados en prestaciones no pagadas desde 2020. Detrás de esa cifra institucional se esconden historias de profesores en activo a quienes se les deben estímulos por antigüedad y asignación de horas trabajadas, pero, sobre todo, la vulneración hacia el sector más frágil: los maestros jubilados que continúan esperando sus gratificaciones de retiro tras décadas de servicio… El monto de 60 millones de pesos es un monto considerable para la mayoría de la gente o de las empresas; para el Gobierno Federal no tendría que ser un problema ante los miles de millones de presupuesto. Además, ¿cómo se generó una deuda si ese dinero debería estar considerado como parte de los egresos de la SEP?

Deuda con feministas
A pesar de los históricos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaran inconstitucional la criminalización absoluta de la interrupción del embarazo, el Congreso local sigue prolongando un caso juzgado. Para el movimiento feminista, la despenalización del aborto en la entidad no es solo una demanda histórica; es un pendiente urgente e inaplazable que evidencia la brecha entre el progreso jurídico nacional y la voluntad política local. Es paradójico que el estado que vio nacer revoluciones sociales no pueda avanzar en una deuda con las mujeres y las obligue a acceder a un procedimiento médico básico y seguro. Quienes no cuentan con los recursos para viajar quedan expuestas a la clandestinidad o a la voracidad de clínicas privadas locales que lucran con la ilegalidad. La penalización no evita el aborto; solo lo vuelve inseguro y discrimina a las mujeres con menores recursos económicos, señalan el feminismo y la SCJN.

Coordinación Interestatal de Paz
Morelos fue sede de la Séptima Reunión de Coordinación Interestatal de Paz y Seguridad, realizada en Cocoyoc, Yautepec, con la participación de gobernadoras, gobernadores y autoridades de seguridad de ocho entidades de la región centro del país: Morelos, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. El encuentro, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, tuvo como objetivo fortalecer la coordinación entre las instituciones para atender de manera conjunta los problemas de seguridad que afectan a la región. Durante la reunión se revisaron los avances y acciones implementadas en materia de seguridad. En el caso de Morelos, González Saravia informó que el promedio diario de homicidio doloso pasó de 3.1 casos en enero a 1.8 en agosto, lo que representa una reducción reportada de 51.5 por ciento.