El papel que falta y la justicia que falta

"La ley, en su igualdad majestuosa, prohíbe a los ricos tanto como a los pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan." (Le Lys Rouge, 1894). Anatole France
A las nueve de la mañana, en cualquier esquina de este país, un hombre pierde su carro. No lo robaron. Se lo quitó el Estado. Le faltaba un papel —la licencia vencida, la tarjeta de circulación que no traía consigo, un comprobante que dejó en casa— y en el tiempo que tarda una grúa en engancharlo, la autoridad ya resolvió el caso. No hubo audiencia. No hubo espera. No hubo "vamos a investigarlo con calma". Un papel faltante es, para el gobierno en turno, una emergencia que no admite plazos.
Ese mismo poder público, mientras tanto, tiene engavetada desde hace años una carpeta de investigación sobre miles de millones de pesos que nadie sabe dónde quedaron. Obra pública que se cobró y no se construyó. Programas sociales con padrones inflados de gente que no existe. Contratos a empresas fantasma con domicilio en un terreno baldío. Ahí no hay grúa. Ahí no hay urgencia. Ahí el expediente duerme, se turna, se archiva, prescribe, y nadie —ni el fiscal, ni el auditor, ni el juez— siente que se le esté yendo el tiempo encima.
La diferencia no es de recursos. Es de a quién se le teme y a quién se le puede castigar. Al conductor sin papeles se le castiga rápido porque es fácil: no tiene abogados, no tiene contactos, no puede pagar un amparo. Al que desvió mil millones se le investiga despacio porque es incómodo: tiene apellido, tiene padrino político, tiene un grupo de despachos legales dispuesto a litigar cada coma del expediente hasta que se muera de viejo el delito.
Y hay una palabra que hace todo el trabajo sucio en este reparto de urgencias: erario. Cuando el ladrón es de arriba, no se dice que robó al pueblo. Se dice que causó "daño al erario", como si el dinero desaparecido no fuera la vacuna que faltó, el hospital que no se construyó, la carretera que se quedó en el papel, las patrullas a precio de oro, el puente pequeño que costó cuarenta millones.  El erario no llora, no reclama, no tiene madre que lo espere en la cárcel. 
Al despojar al pueblo de nombre y ponerle en su lugar una palabra de contador, se le despoja también del derecho a indignarse: contra un concepto contable no hay marcha, no hay plantón, no hay ministerio público que sienta la presión de la gente en la puerta.
Así funciona el reloj de una justicia maleante: implacable con el papel que falta, generoso con la justicia que falta. Al pobre se le exige el trámite exacto, el sello correcto, la fecha precisa, porque se supone que el orden depende de su obediencia. Al poderoso se le exige, en el mejor de los casos, una disculpa pública diez años después, cuando ya nadie se acuerda ni del monto ni del nombre.
Un gobierno que puede subir un carro a la grúa en cinco minutos y tarda una década en no resolver mil millones de pesos perdidos no tiene un problema de procedimientos, sino de ética, de ideales, de valores y capacidades porque tiene clarísimo, desde el principio, a quién le urge castigar y a quién le conviene olvidar el daño que hizo o el bien que nunca cumplió.