Mitos Y Hechos

UAEM de luto
La noche del sábado 26 de septiembre de 2026, la colonia Chulavista, en Cuernavaca, se convirtió en el escenario de una tragedia desgarradora. Gael y Christian, dos jóvenes estudiantes de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fueron ejecutados a balazos tras salir de una fiesta. Un tercer adolescente resultó gravemente herido. Este hecho no solo enluta a una comunidad universitaria que ya arrastra heridas profundas, sino que pone al descubierto, una vez más, la disfunción de las autoridades encargadas de proteger a la ciudadanía. Ante una tragedia de esta magnitud, las miradas apuntan inevitablemente hacia las cabezas de la estrategia policial, tanto en el municipio como en el estado. Como lo señaló la Rectoría de la UAEM en un enérgico comunicado tras el ataque: “La indignación ya no basta. No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto”. Gael y Christian Shamed tenían el derecho de regresar a salvo a sus hogares. La sociedad demanda estrategias efectivas, rendición de cuentas y, sobre todo, autoridades que asuman su responsabilidad… Y la coordinación en materia de seguridad se debe dar sin tintes políticos.

¿Se hace justicia?
La reciente resolución de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos (TJA) en contra del exalcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, reabre una herida que los habitantes de la capital morelense conocen a la perfección: el saqueo institucional disfrazado de incompetencia. La sanción impuesta —una multa de 1 millón 347 mil 510 pesos y una inhabilitación por apenas un año para ejercer cargos públicos— deja un sabor agridulce que oscila entre el alivio de la rendición de cuentas y la indignación ante el tamaño del castigo. Para poner las cosas en perspectiva, al popularmente conocido como "El Lobito" y a su extesorero se les acreditó el uso indebido de más de 25 millones de pesos correspondientes al cobro anticipado del impuesto predial durante su administración (2019-2021), además de la firma irregular de contratos. Es decir, mientras el patrimonio municipal sufrió un desfalco millonario, la justicia administrativa responde con un correctivo económico individual que no representa ni la décima parte del daño ocasionado, acompañado de un "año sabático" fuera de la nómina gubernamental. ¿Es este el verdadero costo de defraudar a la ciudadanía?

Vinculación a proceso
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, logró la vinculación a proceso de Karen Jaqueline ‘N’ y Nataly ‘N’ por su presunta participación en el feminicidio de Margarita Seceña Martínez, así como por delitos cometidos en agravio de otras cuatro personas en Cuautla. Los hechos ocurrieron el 1 de julio de 2022, cuando un grupo de personas, identificadas como Primitivo ‘N’, Ramiro ‘N’, Karen Jaqueline ‘N’, María de la Cruz ‘N’, Nataly ‘N’ y Leobardo ‘N’, acudió al establecimiento comercial de la víctima en el municipio de Cuautla. De acuerdo con las indagatorias, las imputadas y sus cómplices amenazaron, golpearon, rociaron con gasolina y prendieron fuego a Margarita Seceña enfrente de su madre y uno de sus hijos. Margarita Seceña tenía 30 años al momento de su muerte, tres hijos y era propietaria de una tienda de abarrotes en la colonia Ex Hacienda El Hospital, en Cuautla, Morelos. Después de 24 días de agonía, Seceña murió en un hospital de la Ciudad de México. Su cuerpo presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en más del 70%; de acuerdo con el informe médico, su estado de salud le provocó tres infartos y una infección por una bacteria que invadió todo su cuerpo.

Crímenes de odio
Desde hace años hay una deuda histórica con la dignidad humana. A pesar de los constantes esfuerzos de colectivos y defensores de derechos humanos, la agenda legislativa y judicial para prevenir, sancionar y erradicar los crímenes de odio en el estado sigue avanzando a cuentagotas, asfixiada por la indolencia institucional y una alarmante normalización de la violencia. Las víctimas de la comunidad LGBTQ+ que han sido apagadas violentamente en la entidad son el síntoma de una fractura estructural. Clasificar un homicidio como crimen de odio es una necesidad jurídica fundamental. Cuando el Estado se niega a reconocer que a una persona la mataron por su orientación sexual, su identidad o su expresión de género, comete una segunda injusticia: invisibiliza el motivo y, por tanto, deja la puerta abierta para que vuelva a suceder. La impunidad imperante envía un mensaje devastador a la sociedad: la vida de ciertas personas vale menos. Las fiscalías locales suelen abordar estos casos bajo el sesgo del prejuicio, encasillándolos prematuramente como "crímenes pasionales" o delitos comunes, omitiendo sistemáticamente los protocolos de actuación con perspectiva de diversidad.