Inicia el proceso

En el INE se reunieron, el pasado 10 de septiembre, los dirigentes nacionales de los partidos políticos, la secretaria de Gobernación, consejeros electorales y magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales. Con redoble de tambores y sonido de trompetas militares, se dio inicio al proceso electoral que desembocará en las elecciones intermedias de 2027: una batalla dentro de la guerra política que hoy se libra en México.
El próximo 6 de junio de 2027 se competirá formalmente por 500 diputaciones federales, además de 17 gubernaturas y miles de cargos locales: diputaciones, alcaldías, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Pero, en la práctica, la oposición se juega su supervivencia y la posibilidad de convertirse en un contrapeso real; el Gobierno, por su parte, se juega la comodidad con la que llegará a la elección presidencial de 2030.
En materia legislativa, después de los comicios de 2027 la presidenta encontrará un freno o una extensión de su poder. Si el oficialismo conserva la mayoría calificada en la Cámara de Diputados —y reúne en el Senado los votos necesarios—, podrá prolongar una agenda de reformas constitucionales que hoy parece muy avanzada. Si la pierde, tendrá que negociar o detener su agenda. Perder la mayoría calificada no sería catastrófico. Mantenerla de nuevo, en cambio, le daría al Gobierno una enorme comodidad política.
En la disputa por las gubernaturas quizá encontraremos las contiendas más interesantes. Estarán en juego 17 estados, algunos de ellos verdaderos focos de tensión que el oficialismo podría perder o que la oposición podría no lograr recuperar. Incluso dentro de Morena podrían surgir rupturas entre los liderazgos que no sean elegidos como candidatos. Chihuahua, con Andrea Chávez, es un ejemplo de una contienda interna que habrá que observar.
Aguascalientes y Querétaro parecen, por ahora, dos bastiones panistas difíciles de arrebatar. En Guerrero, la postulación de Beatriz Mojica evidencia una reconfiguración del poder de los Salgado Macedonio, aunque no necesariamente el fin de su influencia. En Michoacán habrá que observar con atención al Movimiento del Sombrero. Mientras tanto, en Baja California y Sinaloa podría emerger una oposición más fortalecida a causa de los errores de sus gobiernos.
Movimiento Ciudadano peleará con fuerza por conservar Nuevo León y crecer en Sonora. En Sonora, Luis Donaldo Colosio parece perfilarse como su principal carta, aunque, en ocasiones, él mismo parece ser su gran adversario. San Luis Potosí, mientras tanto, representa un foco rojo por la fractura de la coalición oficialista, que, como un virus, podría extenderse a otras partes del mapa.
El problema es que la presidenta, si bien ha mostrado un perfil más sólido como administradora que como operadora, no ha exhibido todavía la capacidad política necesaria para mantener a todos los integrantes de un movimiento —felices o enojados— caminando en una misma dirección.
Asimismo, se disputarán miles de cargos municipales y más de mil diputaciones locales. Son, reitero, una oportunidad para la oposición o una fuente adicional de comodidad para el Gobierno.
Si ocurriera el escenario más adverso para el oficialismo —algo que hoy parece improbable— y el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum perdiera varias gubernaturas, la mayoría de los municipios, la mayoría en la Cámara de Diputados y el control de numerosos congresos locales, Morena no desaparecería. Seguiría siendo una fuerza central, pero llegaría a 2030 con mucho menor margen presupuestal y político.
En 2027, Morena se juega precisamente la forma en la que llegará a la sucesión presidencial; también obtendrá un termómetro para medir su unidad, su fuerza territorial y su respaldo ciudadano.
En cambio, la oposición se juega en esta elección un lugar en la verdadera mesa del cambio: la oportunidad de dejar de ser solo ruido y convertirse, también en los números, en un contrapeso serio. Para lograrlo, tendrá que salir de su letargo y caminar mucho más cerca de las causas sociales.
¡Alto! Que haya iniciado el proceso electoral no significa que también hayan comenzado las campañas. Son cosas relacionadas, pero no iguales. Los ciudadanos debemos actuar con responsabilidad: denunciar los actos ilegales o indebidos y negarnos a participar en ellos. Pero también debemos involucrarnos, por el bien de nuestra vida democrática.