• Transporte: el pulpo que nadie se atreve a tocar

Lo he dicho en más de una ocasión: Morelos, como muchos estados del país, tiene un transporte de servicio público caro, de mala calidad e inseguro. Pero por si eso no bastara, este sector arrastra una enfermedad más profunda: la falta de regulación permanente y un vacío de autoridad que, en el menor de los casos, no establece orden ni supervisión para su funcionamiento y, en el peor, ha permitido la concentración de concesiones, la opacidad, la corrupción y el crecimiento de un pulpo donde confluyen intereses mezquinos e impera la ley de la selva.
El problema no es nuevo, pero sí se ha vuelto insoportable. Durante años, los gobiernos han tratado al transporte público como un territorio de negociación política y no como un servicio esencial. Cada aumento de tarifa se vende como el principio de una supuesta modernización; cada mesa con líderes transportistas se presenta como un acuerdo histórico; cada promesa de renovación de unidades, capacitación de operadores y supervisión termina convertida en comunicado oficial, fotografía y archivo muerto. Mientras tanto, el usuario sigue pagando más por subirse a unidades viejas, incómodas, inseguras y muchas veces conducidas bajo reglas que nadie parece hacer cumplir.
El reciente incremento de la tarifa mínima de 10 a 13 pesos fue justificado bajo el argumento de mejorar el servicio y avanzar hacia la modernización. Sin embargo, la realidad exhibe una contradicción brutal: se autorizó el golpe al bolsillo ciudadano sin garantizar, antes, condiciones mínimas de calidad, seguridad, renovación vehicular y transparencia. La autoridad pidió confianza; los usuarios recibieron el mismo servicio deteriorado. Se habló de supervisión, pero en la calle la percepción sigue siendo la misma: unidades en mal estado, rutas saturadas, incertidumbre en los cobros, paraderos inseguros y operadores que responden más a la lógica del gremio que a la obligación pública de servir.
Lo más grave es que la propia discusión pública ha dejado al descubierto que el problema no se limita a unas cuantas unidades descuidadas. Se ha señalado la necesidad de revisar concesiones, retirar permisos a quienes incumplen y poner fin a prácticas que permiten que algunos actores acumulen poder económico y político dentro del sector. Ahí está el corazón del desorden: el Estado concesiona un servicio que originalmente le corresponde garantizar, pero después parece renunciar a ejercer su autoridad sobre quienes lo explotan. El gobierno entrega, tolera, negocia y anuncia; pero pocas veces sanciona con firmeza.
La nueva Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado de Morelos, reformada en 2026, debería ser una herramienta para corregir el desorden y recuperar el control público sobre la movilidad. En el papel, existen facultades, atribuciones y obligaciones. En la práctica, lo que falta no son discursos ni marcos normativos, sino decisión política para aplicarlos. Una ley sin inspección real, sin sanciones visibles y sin consecuencias para los concesionarios incumplidos se convierte en escenografía jurídica: adorna el boletín, pero no cambia la vida de quien espera una ruta bajo el sol, paga una tarifa alta y viaja con miedo.
El gobierno estatal ha anunciado plataformas digitales, expedientes únicos, regularización de concesiones y comisiones de modernización. Todo eso puede sonar correcto en el lenguaje administrativo, pero resulta insuficiente si no se traduce en unidades revisadas, concesiones auditadas, rutas ordenadas, tarifas respetadas, operadores capacitados y sanciones ejemplares. Digitalizar el caos no es gobernar; regularizar papeles sin meter orden en la calle no es transformar; sentarse con líderes transportistas sin defender a los usuarios no es diálogo social, es capitulación.
Porque el pasajero común no mide la política pública por el número de reuniones celebradas ni por el tamaño de los anuncios oficiales. La mide cuando sube a una unidad y encuentra asientos rotos, vidrios flojos, motores vencidos, choferes irresponsables o rutas que operan bajo criterios de conveniencia privada. La mide cuando paga más y recibe lo mismo. La mide cuando una familia debe destinar una parte cada vez mayor de su ingreso al transporte, sin que el servicio sea más seguro, más digno o más eficiente.
La autoridad debe entender que el transporte público no es un botín gremial ni una caja de presión política. Es un derecho cotidiano, una condición básica para estudiar, trabajar, atenderse, cuidar a la familia y moverse con dignidad. Cuando el gobierno permite que los concesionarios impongan ritmos, tarifas, condiciones y límites, abdica de su responsabilidad. Y cuando la autoridad se limita a administrar el conflicto para no incomodar a los grupos organizados, el mensaje es demoledor: en Morelos manda quien bloquea, presiona y negocia; no quien cumple la ley.
Meter en cintura a los transportistas no significa perseguir al sector ni desconocer sus costos de operación. Significa hacer valer reglas iguales para todos. Significa revisar concesiones, transparentar padrones, impedir la concentración abusiva, verificar mecánicamente las unidades, sancionar cobros indebidos, retirar permisos cuando haya incumplimientos graves y colocar al usuario al centro de la política de movilidad. Quien presta un servicio público debe someterse al interés público; si no quiere hacerlo, no debería conservar una concesión.
Morelos no necesita más pactos opacos ni más promesas de modernización que se diluyen después del aumento tarifario. Necesita autoridad. Necesita gobierno. Necesita una política de movilidad que no le tema al costo político de poner orden. Mientras eso no ocurra, el transporte público seguirá siendo el espejo más crudo de un Estado débil: caro para el usuario, rentable para unos cuantos, peligroso para todos y protegido por la cómoda cobardía de quienes gobiernan sin atreverse a gobernar, a ver…