• Morelos: la seguridad que nadie quiere asumir

El llamado del secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, para que los alcaldes de Morelos asuman su responsabilidad en materia de seguridad pública tiene algo de verdad, pero también mucho de evasiva. Es cierto: los municipios no pueden lavarse las manos. Son la primera ventanilla del Estado, los que conocen las colonias, los caminos, los bares, los mercados, las rutas del transporte, las calles oscuras y los puntos donde la delincuencia se instala antes de que aparezca en una estadística. Pero poner el dedo únicamente sobre los ayuntamientos es contar apenas una parte de la historia. La otra, la más incómoda, es que el Gobierno del Estado tampoco puede presumir control, estrategia ni resultados suficientes.
Morelos sigue colocado entre los focos rojos del país. Las cifras públicas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a la entidad en posiciones graves en delitos de alto impacto: homicidio doloso, feminicidio, extorsión, secuestro y robo de vehículo aparecen de manera recurrente como señales de una descomposición que no se resuelve con exhortos ni conferencias. Informes periodísticos basados en esos datos han señalado que durante 2026 Morelos ha figurado entre los primeros lugares nacionales en homicidios y otros delitos, aun cuando desde el discurso oficial se insista en reducciones parciales o comparaciones convenientes.
El problema de fondo es que la violencia no sólo rebasa a las autoridades municipales: en algunos casos parece haberlas penetrado. La sospecha de infiltración criminal en corporaciones y estructuras locales no es un rumor menor ni una frase de sobremesa. Reportes públicos han dado cuenta de investigaciones federales sobre presuntos vínculos de grupos delictivos con gobiernos municipales, financiamiento ilícito de campañas y servidores públicos señalados por su relación con organizaciones criminales. Si esas investigaciones avanzan, el diagnóstico sería demoledor: no estaríamos únicamente ante policías mal pagados o ayuntamientos sin patrullas, sino ante instituciones capturadas, usadas o condicionadas por el hampa.
Por eso el mensaje de Maldonado suena correcto en la forma, pero insuficiente en el fondo. Sí, los alcaldes deben reclutar, capacitar, pagar mejor y evaluar a sus policías. Sí, deben atender el alumbrado, recuperar espacios públicos y dejar de tratar la seguridad como un expediente que se manda al estado o a la Federación. Pero también es cierto que el modelo de Mando Coordinado, al que tanto se apela cuando conviene, no puede servir para repartir culpas y diluir responsabilidades. Si hay coordinación, debe haber mando, inteligencia, depuración y resultados; si no los hay, entonces lo que existe es una coartada administrativa.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos tampoco puede presentarse como simple observadora de la crisis. Si las policías municipales están débiles, infiltradas o paralizadas, la autoridad estatal tenía que haberlo detectado, documentado y corregido a tiempo. Si faltan elementos, controles de confianza, equipo y condiciones laborales, alguien debió construir una ruta verificable para resolverlo. Si la extorsión, los homicidios y los feminicidios siguen marcando la vida cotidiana de la población, entonces no basta con decir que el municipio no hizo su parte. La ciudadanía no distingue competencias cuando entierra a sus muertos, cierra negocios por miedo o deja de salir de noche.
Poner las cartas sobre la mesa implica reconocer que Morelos padece una crisis de autoridad. Hay municipios rebasados, sí; alcaldes que administran la seguridad con declaraciones, también; corporaciones locales que requieren depuración profunda, sin duda. Pero también hay un gobierno estatal obligado a dejar de mirar hacia los lados. La seguridad pública no se rescata con llamados, sino con decisiones: revisar mandos, separar a quienes no aprueben controles, transparentar cuántos policías faltan, ubicar los municipios de mayor riesgo, intervenir donde existan indicios de infiltración y asumir que la coordinación no puede ser una palabra hueca.
Mientras eso no ocurra, cada exhorto será apenas otro intento de trasladar el costo político de la inseguridad. Los alcaldes deben responder por lo que ocurre en sus territorios, pero el Gobierno del Estado debe responder por la estrategia general, por el Mando Coordinado y por la eficacia real de su Secretaría de Seguridad. Morelos no necesita una guerra de comunicados entre niveles de gobierno; necesita autoridades que acepten el tamaño del fracaso y actúen en consecuencia. Porque cuando todos dicen que la seguridad es responsabilidad compartida, pero nadie la garantiza, el único que gana terreno es el crimen, a ver…