• Claudia y el crimen que desnuda al Estado

La muerte de Claudia Tacoronte Aguilera no es sólo una tragedia que enluta a una familia española y a dos comunidades universitarias. Es una postal feroz del país que estamos normalizando: un país donde una estudiante extranjera llega a Morelos para aprender, convivir y formarse, y termina asesinada en Cuautla, mientras las instituciones reaccionan con el libreto gastado de siempre: pesar, condena, coordinación y promesa de justicia.

Claudia, alumna de la Universidad de Granada, realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Según los reportes conocidos, fue atacada con arma blanca en Cuautla, en un caso que la Fiscalía estatal investiga bajo protocolo de feminicidio. La Universidad de Granada condenó el crimen y decidió cancelar la estancia de tres estudiantes que vendrían a Morelos el próximo semestre. Ese dato, por sí solo, debería avergonzar a cualquier gobierno: la violencia ya no sólo nos quita vidas, también nos cancela el futuro.

Cuautla no es un accidente en el mapa de la inseguridad. Es uno de los territorios donde la delincuencia organizada ha exhibido, con crudeza, la insuficiencia del aparato estatal. Homicidios, extorsiones, cobros de piso y miedo cotidiano han marcado la vida pública del municipio, mientras las autoridades administran la emergencia como si se tratara de una contingencia pasajera. Pero la violencia no llegó ayer ni se irá con conferencias de prensa. Se instaló porque hubo omisiones, complicidades, abandono policial y una estrategia que no ha logrado recuperar el control territorial.

La responsabilidad mayor corresponde al Estado: al gobierno de Morelos, que no puede refugiarse en la condolencia institucional; al gobierno federal, que insiste en presumir coordinación mientras los municipios arden; y a las fiscalías, que llegan después del crimen a explicar protocolos cuando lo que la sociedad exige es prevención, inteligencia y castigo. En México hemos convertido la justicia en una ceremonia posterior al fracaso: primero se abandona el territorio, luego se cuenta el cuerpo y finalmente se promete que no habrá impunidad.

Pero también hay una pregunta incómoda para la UAEM. Una universidad que recibe estudiantes de intercambio no sólo firma convenios: asume deberes de cuidado. Debe informar riesgos, acompañar traslados, activar protocolos, advertir zonas vulnerables y cuidar a quienes llegan confiando en ella. Lamentar la muerte de Claudia era obligado; revisar si hubo fallas institucionales es indispensable. La autonomía universitaria no puede ser coartada para mirar hacia otro lado cuando una estudiante bajo su programa termina asesinada.

El golpe internacional será profundo. En España no leerán este caso como una estadística local ni como un episodio desafortunado. Lo leerán como lo que es: la confirmación de que Morelos no puede garantizar seguridad ni siquiera a quienes llegan mediante acuerdos académicos formales. Si una universidad europea cancela estancias, no está haciendo política opositora; está haciendo control de daños. Y el daño lo provocó aquí la suma de violencia criminal, negligencia gubernamental y tibieza institucional.

La justicia para Claudia exige detener y sancionar al responsable, pero también obliga a revisar todo lo que falló antes del ataque. Porque el crimen no empezó con el cuchillo: empezó cuando Cuautla fue cedida al miedo, cuando la seguridad se volvió propaganda y cuando las instituciones confundieron acompañar con emitir comunicados. El remate político es inevitable: si el gobierno de Morelos no puede proteger a una estudiante de intercambio, difícilmente puede pedir confianza a sus ciudadanos; y si la UAEM no garantiza cuidado a quienes recibe, tampoco puede presumir internacionalización. Claudia vino a estudiar; el Estado le respondió con ausencia, a ver… 

LAS REDES: Atacar las causas de la violencia y reconstruir el tejido social es indispensable, pero convertir esa consigna en la única respuesta frente a la emergencia resulta políticamente cómodo y socialmente insuficiente. Sus efectos, si llegan, serán de largo plazo; mientras tanto, la gente sigue siendo extorsionada, desplazada o asesinada. Ahí es donde los críticos del gobierno encuentran el punto más vulnerable del modelo: no basta con prometer futuro cuando el presente está tomado por el crimen. Se requieren acciones inmediatas, inteligencia efectiva, policías confiables, coordinación verificable y una procuración de justicia que deje de llegar únicamente a levantar cadáveres y explicar fracasos, veremos…