La pesadilla del cartel inmobiliario

En México, perder tu casa ya no es la excepción, es un fenómeno de delincuencia organizada que crece en varios estados a la sombra de notarías, registro público, fiscalías y juzgados saturados. 
Primero, ¿qué es el “llamado cártel inmobiliario”? es una red de falsificadores, prestanombres, despojadores y funcionarios que han convertido el despojo de viviendas en un negocio multimillonario que opera con un modus operandi que exhibe las deficiencias de nuestro sistema legal. 
El modus operandi inicia con la identificación de la casa vulnerable, por eso tenga cuidado si observa a alguien tomando fotos de su casa. Adultos mayores que viven solos, casas cuyos dueños residen en el extranjero, propiedades sujetas a herencia o departamentos desocupados. Después rastrean estos casos con acceso a bases de datos catastrales, información filtrada desde catastro municipal o incluso en el registro público. Después viene la falsificación de escrituras y poderes notariales con documentos falsos, identidades suplantadas, los delincuentes simulan ventas, donaciones o adjudicaciones. Los papeles parecen legales y la firma del notario auténtica o falsificada da la apariencia de legalidad. Aquí es lo grave, diversas investigaciones periodísticas y judiciales han documentado la participación de notarios que autorizan escrituras sin verificar identidades, validan poderes inexistentes o certifican operaciones con empresas fantasma. No son casos aislados: la estructura del fraude requiere una firma del notario que abra la puerta al Registro Público.
En paralelo, funcionarios de Catastro y Registro Público facilitan cambios de propietario, alteran claves catastrales o permiten inmatriculaciones administrativas exprés con documentos fraudulentos. 
Cuando la documentación está lista, llega la parte visible: la toma del inmueble. Supuestos compradores irrumpen en la propiedad, cambian cerraduras y colocan guardias. Para cuando el dueño se entera, ya existe una escritura “legal” que respalda la ocupación. 
Aquí es el problema legal, los propietarios deben contratar a un abogado para ejercitar las acciones legales para comprobar algo absurdo, que ellos son los verdaderos dueños. Esto es, tienen que denunciar el despojo ante el ministerio público, también demandar la nulidad de la escritura y demás documentos falsos. Lamentablemente las denuncias por despojo suelen tardar meses en avanzar, de igual manera los juzgados se encuentran saturados y también los procesos legales son tardados.  No sin antes, mencionar que se tienen que contratar peritos para acreditar la falsedad de firmas e identidad.  
Mientras tanto, el cártel inmobiliario consolida la posesión del inmueble y lo revende, lo renta o lo incorpora a nuevas operaciones fraudulentas lo cual complica más el trámite legal. Pues solamente hasta que se vence jurídicamente a la otra, es posible que legalmente le devuelvan su casa. 
Hasta el momento no se observa una política pública al respecto, es fundamental endurecer las medidas administrativas y judiciales como biometría obligatoria en notarías y mayores procesos de verificación de quien compra y vende, digitalización completa del Registro Público, Fiscalías especializadas en despojo inmobiliario con mayor presupuesto etc. 
Sin estos cambios, el cártel inmobiliario seguirá operando con la misma facilidad con la que hoy se falsifica una escritura. CARPE DIEM.