Desde la detención de Ismael el Mayo Zambada, el estado de Sinaloa —que ya conocía la violencia— se ha visto paralizado por una guerra interna dentro de un mismo grupo delictivo, la cual ha generado miedo, incertidumbre y alteración del orden público.
El Gobierno de México ha buscado combatir esta problemática mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el estado continúa siendo un foco rojo. En el ámbito político, destacados personajes del actual Gobierno y del partido oficialista expresaron su respaldo al gobernador Rocha Moya, quien parecía incapaz de resolver o atenuar la crisis.
El 29 de abril, un mazo golpeó con fuerza la política nacional cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en contra del gobernador sinaloense y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, acusándolos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y de haber conspirado para traficar narcóticos a cambio de sobornos y apoyo político, además de imputarles delitos relacionados con armas.
El golpe cayó durante la última sesión del periodo legislativo. La incertidumbre del oficialismo y el afán de la oposición por capitalizar la situación fueron notorios, pues la sesión concluyó mucho antes de lo esperado y se centró en un único tema fuera de agenda: Rocha Moya.
En los días posteriores, las figuras políticas, el partido y el Gobierno mostraron su respaldo de distintas formas; incluso desde la Presidencia se advirtió en «la mañanera» que, si bien se abriría una investigación, no se permitiría una acusación carente de pruebas.
Incluso durante un mensaje pronunciado en el Monumento a la Revolución, la presidenta adoptó una postura crítica al señalar que primero irían por unos y después por otros, evidenciando que la defensa de su Gobierno frente a los señalamientos se convertiría en una bandera política.
Mientras tanto, la conversación política en los medios de comunicación y en la Comisión Permanente giraba exclusivamente en torno a Rocha Moya, quien días después solicitó licencia a su cargo de gobernador para, según sus palabras, permitir que las investigaciones se desarrollaran adecuadamente. El tema entró durante meses en una tensa calma, en la que los implicados ya no estaban presentes, pero su ausencia se hacía notar.
El 21 de agosto, luego de que la presidenta anunciara que se encontraba enferma y no asistiría a «la mañanera», el fantasma reapareció: Rocha Moya llegó caminando al Palacio de Gobierno para asumir nuevamente la gubernatura. En ese momento, la mayoría asumió que la decisión se había tomado de común acuerdo con la mandataria.
Sin embargo, después de que Rocha advirtiera que regresaba a asumir el control del Ejecutivo estatal, la Secretaría de Gobernación y Morena manifestaron que la decisión de Rocha era estrictamente personal. Un día después, la presidenta declaró que no había sido informada de dicho retorno y que se había enterado a través de un tuit.
Morena pasó rápidamente del apoyo y la defensa de la soberanía a desmarcarse de Rocha Moya. Pocas horas después de esta postura y de una intensa presión política, Rocha Moya volvió a solicitar licencia, esta vez por tiempo indefinido. La presidenta resumió la postura oficial al señalar que el regreso de Rocha no le parecía pertinente.
Resulta difícil pensar que el gobernador más acorralado de México haya tomado de forma aislada la decisión de regresar. La cuestión de fondo es: si el acuerdo no fue con la presidenta, ¿cuál fue el poder que autorizó o respaldó su retorno? Y, si no hubiera otro poder, sería importante observar el poder político y la autoridad que tiene la presidenta para garantizar la gobernabilidad en un momento de alta presión.
Porque el problema de fondo es la falta de gobernabilidad, que se traduce en que hoy quienes pierden son los sinaloenses, que se enfrentan día con día a una violencia desbordada, sin un Estado suficientemente fuerte y organizado para atenderlos y protegerlos.
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