Hay partidos que sólo aparecen cuando hay presupuesto, reflectores o elecciones. Fuera de eso, guardan silencio, administran siglas y confunden la política con la promoción de sus dirigentes. Son partidos de membrete: cobran como instituciones de interés público, pero se comportan como agencias privadas de propaganda.
La Ley General de Partidos Políticos no los creó para fabricar aplausos internos ni para financiar campañas permanentes de vanidad. Los reconoce como entidades de interés público y les impone una responsabilidad clara: contribuir a la vida democrática, promover la participación ciudadana, rendir cuentas y formar ciudadanía. Cuando no lo hacen, no estamos ante una simple omisión administrativa; estamos ante una burla política pagada con dinero público.
En Morelos, esa simulación se nota. Hay fuerzas políticas que viven de la inercia, que reciclan discursos, que publican consignas y que sólo se acuerdan de la ciudadanía cuando necesitan votos, estructura o legitimidad. Reducen la comunicación política a fotografías, frases huecas y defensa de intereses internos, como si la sociedad estuviera obligada a financiarles el escaparate.
Por eso conviene distinguir. Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza Morelos han mostrado, por lo menos en este terreno, un esfuerzo más visible por generar actividades, mensajes y contenidos vinculados con cultura democrática, participación ciudadana y discusión pública. No se trata de aplaudirles todo ni de eximirlos de crítica; se trata de reconocer que, frente a la apatía de otros, han entendido que un partido también debe educar, informar y abrir conversación.
El caso contrario lo representan partidos como el PRI, el PAN, el PT y el Verde, que con frecuencia privilegian el culto al liderazgo, la consigna fácil y la defensa de sus parcelas políticas por encima de una comunicación verdaderamente ciudadana. Mucho discurso de transformación, pero poca pedagogía democrática. Mucha bandera, pero escasa formación cívica. Mucho aparato, pero poca rendición de cuentas sobre el sentido público de sus mensajes.
Y ahí está el punto: los partidos no pueden seguir cobrando del erario mientras tratan a la ciudadanía como público cautivo. Cada peso que reciben debe traducirse en formación política, transparencia, debate, inclusión y participación. Si no lo hacen, no están cumpliendo una tarea pública; están usufructuando una franquicia electoral.
La democracia no necesita partidos mudos, cómodos o convertidos en clubes de conveniencia. Necesita instituciones que trabajen, expliquen, formen y rindan cuentas. A los que cumplen, reconocimiento. A los que simulan, señalamiento público. Porque el dinero de la ciudadanía no está para sostener adornos partidistas, sino para fortalecer la vida democrática.
Y en este tenor, a propósito del arranque formal del proceso electoral 2026-2027, no debe soslayarse el caso de Nueva Alianza Morelos. Su presidente, Mario Luis Salgado, decidió apostar desde hace tiempo por destinar una parte importante de sus recursos y esfuerzos institucionales a la creación y difusión de contenidos que promueven la cultura democrática, la participación ciudadana consciente y el debate público responsable. En un contexto donde muchos partidos reducen su presencia a la propaganda personal, al mensaje coyuntural o a la defensa de intereses internos, esa decisión merece ser observada y reconocida.
No se trata únicamente de organizar eventos para cumplir con un requisito formal ni de cubrir expedientes ante la autoridad electoral. La diferencia está en el contenido y en la intención política: abrir espacios de reflexión, acercar información útil a la ciudadanía y colocar sobre la mesa temas que suelen quedar relegados por la lucha diaria de los grupos de poder. Cuando un partido invierte en formación cívica, en conferencias, en diálogos con sectores sociales y en materiales que explican derechos, responsabilidades y desafíos públicos, está devolviendo parte de lo que recibe de la sociedad.
En su programa anual de actividades destaca la realización de un ciclo de conferencias con temas que los órganos electorales proponen, revisan y aprueban, lo cual le da un marco institucional a ese trabajo. Pero más allá del trámite, lo relevante es que dichos contenidos apuntan a una participación incluyente de los distintos grupos y sectores de la sociedad civil, con énfasis en asuntos que atraviesan la vida cotidiana de Morelos: la educación, la seguridad pública, la salud, el desarrollo social y la necesidad de construir una ciudadanía más informada y exigente.
Frente a partidos que prefieren gastar su energía en alimentar figuras, reciclar consignas o administrar estructuras electorales, este tipo de esfuerzos marca una diferencia. Por supuesto, ningún instituto político queda exento de vigilancia, crítica o exigencia pública; pero también sería injusto meter a todos en el mismo costal. Si hay partidos que incumplen, deben ser señalados con claridad. Y si hay otros que, al menos en este rubro, procuran cumplir con una función formativa y social, también corresponde decirlo, a ver…









