Espaldarazos
La reciente visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Plaza de Armas de Cuernavaca no fue un acto protocolario más; marcó el inicio formal de su gira nacional de rendición de cuentas tras su Segundo Informe de Gobierno. Que Morelos haya pasado de ser el cierre de su primera ruta a convertirse en la vibrante apertura de este recorrido nacional encierra un mensaje de empatía política y, sobre todo, un espaldarazo incondicional a la gestión de la gobernadora Margarita González Saravia. Al pararse en tierras morelenses, la mandataria federal no solo trajo consigo una ambiciosa lista de proyectos de infraestructura federal —como la tecnificación de distritos de riego, la conectividad carretera mediante el Circuito Tierra y Libertad y la expansión educativa, que incluye preparatorias, una Universidad Rosario Castellanos en Ayala y el Centro de Convenciones—, sino que dejó en claro que la Federación cobijará el mandato local de González Saravia, quien, a su vez, resaltó la entereza y sabiduría de las mujeres para gobernar en una de las épocas más complejas del estado… No faltó la mención al Plan Cuautla, porque no solo se trata de la pacificación de los municipios de la región oriente, sino de todo un programa integral que reactive el desarrollo social, la economía, la salud, etcétera.
PT va solo
El tablero político de Morelos ha comenzado a agitarse de manera definitiva con una declaración que sacude los cimientos de la coalición oficialista en el estado. La líder estatal del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, puso las cartas sobre la mesa al anunciar que su partido se encamina a competir en solitario en los próximos comicios, rechazando de primera mano las alianzas tradicionales si no se garantizan condiciones de estricta igualdad y respeto a su peso político. Este movimiento, arriesgado por definición, abre un debate profundo sobre la verdadera naturaleza de las coaliciones en la era de la llamada Cuarta Transformación. Durante años, el PT ha cargado con el estigma de ser un “partido satélite”, una fuerza que respira gracias al oxígeno electoral que le inyecta el gigante Morena. Sin embargo, la postura en Morelos parece responder a un hartazgo pragmático y, por qué no, a una dosis de dignidad política: la dirigencia petista argumenta de frente que algunas alianzas no han entregado los resultados esperados a la ciudadanía.
Adiós a la “celulitis”
La decisión de Morelos de restringir formalmente los teléfonos celulares en las aulas marca un punto de inflexión en la política educativa del estado. Con la publicación de los lineamientos en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y la reciente extensión de la estrategia hacia los planteles de educación media superior, las autoridades escolares finalmente han puesto sobre la mesa una verdad incómoda: el aula tradicional está perdiendo la batalla contra el algoritmo de TikTok y las notificaciones de WhatsApp. La medida impulsada por la Secretaría de Educación estatal, bajo la dirección de Karla Aline Herrera Alonso, no es un capricho. Es una respuesta de emergencia sanitaria y pedagógica. Los datos sobre el bajo rendimiento académico, la alarmante pérdida de la capacidad de concentración en niños y jóvenes y el incremento del ciberacoso escolar justifican sobradamente que se trace una línea clara entre las herramientas de aprendizaje y los distractores de bolsillo.
Revés a Ley de Transformación Digital
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) delimitó las fronteras de la soberanía tecnológica en México al invalidar parcialmente la Ley de Transformación Digital del Estado de Morelos. A través de la resolución de la Controversia Constitucional 273/2025, el Máximo Tribunal determinó que el estado de Morelos invadió facultades federales al intentar regular y administrar la plataforma Llave MX y el Expediente Digital Ciudadano. Al invalidar las porciones de la ley estatal que pretendían dar facultades a la Agencia de Transformación Digital de Morelos para administrar, habilitar y dictar lineamientos sobre la plataforma Llave MX, el Pleno de la Corte ha fijado un criterio claro: la identidad digital de los mexicanos es una sola y su gestión le corresponde exclusivamente a la Federación.









