• El paro de maestros homologados

El paro de labores de docentes y personal administrativo de CBTAS, CETIS y CBTIS en Morelos no puede leerse como un simple tropiezo administrativo ni como una protesta más en el calendario escolar. Es, ante todo, la consecuencia directa de una cadena de omisiones, indiferencia institucional y falta de voluntad política de las autoridades educativas que han permitido que los adeudos salariales, las prestaciones pendientes y la violación a derechos laborales se acumulen hasta convertirse en una crisis abierta.
La autoridad educativa suele pedir paciencia cuando la inconformidad estalla, pero rara vez ofrece la misma paciencia cuando exige resultados, disciplina y presencia diaria al personal que sostiene los planteles. A los trabajadores se les pide compromiso, vocación y sacrificio; a cambio, reciben retrasos, trámites congelados, mesas de diálogo sin soluciones y promesas que se repiten hasta perder toda credibilidad. Esa asimetría es ofensiva: el Estado exige cumplimiento puntual mientras incumple obligaciones elementales.
De acuerdo a lo que se sabe, el conflicto involucra a planteles de educación media superior en Morelos (personal homologado) y se relaciona con adeudos que rondan decenas de millones de pesos, incluidos pagos por gratificación de jubilación, estímulos por años de servicio, compensaciones y otras prestaciones laborales. También se ha señalado que miles de estudiantes resultaron afectados por la suspensión de clases al inicio del ciclo escolar, lo que confirma que la negligencia oficial no daña únicamente a los trabajadores: termina golpeando a familias enteras y a comunidades escolares completas.
Lo más grave es que las autoridades no pueden alegar sorpresa. Los reclamos no nacieron de la noche a la mañana. Los adeudos, según las propias denuncias sindicales, se arrastran desde hace años. Si un problema permanece sin resolverse durante tanto tiempo, deja de ser un pendiente técnico y se convierte en una decisión política: la decisión de postergar, minimizar y administrar el desgaste de los trabajadores hasta que el conflicto truene. Esa forma de gobernar no resuelve; apenas contiene, y cuando contiene mal, termina incendiando las aulas.
La Secretaría de Educación Pública y las instancias estatales involucradas tienen la obligación de dejar de pasarse la responsabilidad como si el bienestar de los trabajadores fuera una pelota burocrática. Cuando una autoridad local dice que el problema corresponde a la Federación, y la Federación responde con silencio o lentitud, quien queda atrapado en medio es el maestro, el administrativo, el jubilado y el estudiante. Ninguna frontera administrativa justifica que se desconozcan derechos laborales ya devengados.
Resulta cómodo pronunciar discursos sobre la defensa de la educación pública, celebrar ceremonias de inicio de ciclo escolar y hablar de transformación educativa. Pero ninguna transformación se construye sobre nóminas incumplidas, prestaciones retenidas y personal obligado a protestar para que se le pague lo que legítimamente le corresponde. Si las autoridades quieren presumir compromiso con la educación, deben empezar por respetar a quienes abren los salones, atienden oficinas, sostienen talleres, acompañan estudiantes y mantienen vivos los planteles.
La Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (a la que pertenece este sector), encabezada por Joel Sánchez Vélez, ha respaldado la estrategia de los trabajadores y ha exigido a las autoridades atender sus demandas, pues el punto de fondo es claro: cuando los canales institucionales no resuelven, la protesta se vuelve el último recurso de quienes han sido ignorados. Criminalizar o descalificar el paro sería una salida fácil y profundamente injusta; lo responsable es mirar la raíz del conflicto y admitir que la autoridad falló primero.
Por supuesto, cada día sin clases afecta a los estudiantes. Nadie responsable puede celebrar que miles de jóvenes pierdan horas de aprendizaje, prácticas, evaluaciones o continuidad académica. Pero sería tramposo cargar esa afectación únicamente sobre los trabajadores en paro. La verdadera causa está en la desatención previa de las autoridades, en la falta de pagos oportunos y en la ausencia de acuerdos firmes. Quienes hoy lamentan aulas cerradas debieron actuar antes para evitar llegar a este punto.
El conflicto en los CBTAS, CETIS y CBTIS de Morelos es una advertencia política: no hay sistema educativo fuerte si sus trabajadores son tratados como acreedores incómodos. Pagar adeudos, reconocer prestaciones y respetar derechos laborales no es una concesión graciosa; es una obligación legal, ética y pública. Las autoridades educativas deben instalar mesas de solución con fechas, montos y responsables definidos, no con discursos evasivos. Si la educación pública merece futuro, quienes la sostienen merecen presente: salario pagado, derechos respetados y una autoridad que responda de frente, no cuando el paro ya evidenció su abandono, veremos…