Mitos Y Hechos

Mediación
El diálogo directo establecido entre el Gobierno de Morelos y los ejidatarios afectados por la Autopista Siglo XXI representa un paso político necesario, pero su verdadero éxito dependerá del cumplimiento de los pagos pendientes. Tras casi dos décadas de promesas incumplidas y bloqueos viales crónicos que han estrangulado la conectividad del estado, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, ha asumido un rol de mediador frente a la Federación, respaldado por la administración de la gobernadora Margarita González Saravia. La reciente tregua acordada con núcleos ejidales de municipios como Jantetelco, Amayuca y Jojutla abre una ventana de oportunidad crítica, fijando los primeros días de septiembre como el plazo definitivo para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) salde las indemnizaciones de las tierras expropiadas. La intervención del Ejecutivo estatal como puente técnico, jurídico y presupuestal ante el Gobierno federal es un acierto de gobernabilidad. Aliviar la presión sobre las carreteras morelenses beneficia tanto a la economía local como al libre tránsito. No obstante, la buena voluntad discursiva de “mantener un gobierno cercano” ya no es suficiente para los ejidatarios.

Retos del nuevo ciclo escolar
Hoy arranca formalmente el ciclo escolar 2026-2027. En Morelos, esto significa el retorno a los salones de más de 322 mil estudiantes de educación básica, arropados por una infraestructura estatal que atiende a casi medio millón de alumnos en todos los niveles. Tras unas inéditas e inusualmente largas vacaciones —provocadas por ajustes federales derivados de las olas de calor y la agenda deportiva internacional—, las escuelas públicas de nuestra entidad reabrieron sus puertas. El reporte oficial de la Secretaría de Educación de Morelos, encabezada por Karla Aline Herrera Alonso, celebra un “saldo blanco”: sin robos a planteles durante el receso y con casi el 100 % de los libros de texto gratuitos distribuidos. Ahora, el reto de este ciclo de 185 días que recién empieza es atacar la alarmante brecha de deserción escolar, así como el entorno de seguridad y salud comunitaria. Es un acierto indispensable que la administración estatal, liderada por la gobernadora Margarita González Saravia, ponga en marcha un programa piloto integral de salud mental y prevención de adicciones en las secundarias locales. La escuela en Morelos ya no puede ser solo un centro de alfabetización; hoy debe funcionar como un refugio de contención social.

CBTIS y CETIS, excepciones
El paro de labores en los planteles de CBTIS y CETIS en Morelos es lamentable y muestra carencias en la gestión de la educación media superior mexicana. Mientras las delegaciones sindicales detienen el arranque del ciclo escolar en demanda de pagos atrasados por 60 millones de pesos, finiquitos congelados y transparencia en la asignación de plazas, la parálisis de más de 20 planteles deja el verdadero costo sobre los hombros de unos 11 mil estudiantes morelenses. Este conflicto no nació ayer. Las movilizaciones de los subsistemas dependientes de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) revelan una desconexión entre los acuerdos de las mesas nacionales de la SEP y el cumplimiento presupuestal en las entidades. La recurrencia de estas huelgas expone que las negociaciones solo actúan como analgésicos temporales, sin resolver la raíz financiera ni el rezago administrativo que ahoga al magisterio. La educación no puede seguir siendo rehén de la insolvencia ni de la mala planeación. Las autoridades educativas y los líderes sindicales deben trascender la retórica del diálogo y firmar compromisos financieros auditables, inmediatos y definitivos. El derecho de los maestros a recibir su sueldo no debe colisionar con el derecho de los jóvenes a estudiar; ambos son esenciales para el desarrollo social de Morelos.

Crisis forense
El estado de Morelos enfrenta una grave crisis forense que mantiene a cientos de cuerpos sin nombre ni identidad en fosas ministeriales y centros de resguardo. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las calles de Cuernavaca se llenaron de dolor y exigencia. Los colectivos de familias buscadoras marcharon para recordar que la desaparición no es solo una ausencia, sino una herida abierta sostenida por la impunidad. En Morelos se han exhumado cerca de 400 cuerpos de fosas comunes como las de Tetelcingo y Jojutla. Muchos restos permanecen en el panteón ministerial sin pruebas genéticas completas ni un registro digno. Tristemente, los cuerpos exhumados siguen siendo tratados como objetos y no como personas con personalidad jurídica.