Cuando surge una problemática social, muchas veces solemos pensar en buscar soluciones en el derecho, se propone crear una nueva norma o modificarla. Sin embargo, hay problemas cuya complejidad supera el alcance de una norma.
Existen situaciones en las que se requiere una intervención jurídica porque se encuentran involucrados derechos, obligaciones o relaciones que necesitan ser reguladas. Pero también existen problemas cuya existencia está relacionada con factores que pertenecen a distintos ámbitos, en estos casos, una respuesta jurídica puede ser necesaria y, al mismo tiempo, formar solamente una parte de la solución.
El derecho tiene una capacidad importante para impulsar cambios sociales, pero también resulta necesario adoptar determinadas condiciones, pues no basta con reconocer derechos sin establecer medidas para garantizarlos.
Por eso, frente a un problema social, crear una norma representa un avance importante, pero con frecuencia esta respuesta se concentra en la manifestación más visible del problema, mientras sus causas permanecen en otros ámbitos dado que un problema puede tener una dimensión jurídica, pero también económica, social, cultural etc.
En este sentido, el derecho no debería observarse como una herramienta aislada, sino como parte de una estructura de intervención social en donde se debe analizar qué problema social necesita una ley y qué papel debe desempeñar el derecho.
Puesto que existen problemas que requieren nuevas normas, otros requieren que las normas existentes se apliquen, instituciones que las cumplan y otros requieren políticas públicas. Por ello, una respuesta jurídica eficaz comienza con la comprensión del problema.









