Mitos Y Hechos

Perfil de candidatos
El exhorto del secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, para que los partidos políticos investiguen y vigilen exhaustivamente los perfiles de sus candidatos de cara al proceso electoral de 2027, reconoce una de las heridas más profundas y actuales de la política: la infiltración de la delincuencia organizada en las estructuras municipales y legislativas. El llamado no es menor ni extemporáneo. Ante el inicio de una contienda donde los morelenses elegirán alcaldías y diputaciones locales, la advertencia gubernamental busca blindar las urnas de antecedentes delictivos. Sin embargo, la petición abre un debate incómodo sobre dónde termina la responsabilidad partidista y dónde comienza la obligación del Estado. Los partidos políticos han operado históricamente como aduanas sumamente laxas, priorizando el pragmatismo electoral, el financiamiento opaco y la popularidad regional por encima de la integridad moral de sus abanderados. Obligar a las dirigencias a revisar minuciosamente las trayectorias de quienes aspiran a un cargo público es el mínimo democrático exigible. La corresponsabilidad política debe existir; un partido no puede simplemente postular a un perfil cuestionable y desentenderse de sus acciones una vez que asume el poder… También hay que decirlo, los institutos electorales tanto nacional como local, han hecho poco, su indolencia –por decir lo menos– ha provocado esta filtración de criminales.

¿Karla, no está sola?
La captura de Karla "N", síndica de Yautepec, pone al descubierto el alarmante nivel de descomposición institucional y violencia política en el municipio. Su detención por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo la grave acusación de ser la autora intelectual del atentado armado ocurrido el pasado 30 de junio en la colonia Rancho Nuevo, marca un punto de no retorno en la exigencia de rendición de cuentas. Aquel ataque, perpetrado en una cancha deportiva mientras la comunidad veía un partido de fútbol, cobró la vida de tres personas —incluido el esposo de una aspirante política— y dejó nueve heridos. El caso no puede tratarse como un hecho aislado, sino como el síntoma de una profunda crisis que exige limpiar a fondo las estructuras de poder local. Que la encargada de vigilar la legalidad y defender el patrimonio de un municipio sea señalada por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio como quien presuntamente ordenó una masacre armada rompe cualquier pacto de confianza ciudadana. Yautepec ha estado bajo el foco del escrutinio público por la continuidad de hegemonías políticas y sospechas de colusión con la delincuencia. Cuando las balas no provienen de criminales externos comunes, sino de los propios despachos del Ayuntamiento, la ciudadanía queda en el más absoluto estado de indefensión… Difícilmente se puede decir que sólo ella está detrás del acto criminal.

Y así quieren más recursos
El pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ) avaló recientemente las solicitudes de licencia con goce de sueldo para las magistradas Cecilia Verónica López González, Marta Sánchez Osorio y María Luisa Sánchez Osorio, así como para los magistrados Juan Gabriel Vargas Téllez y José Anuar González Cianci Pérez. El motivo formal es su participación en la “Movilidad Estudiantil Internacional, España 2026”, coordinada por el Centro de Estudios Carbonell. Sin embargo, financiar la formación doctoral de altos funcionarios con recursos públicos —mientras conservan intactos sus elevados salarios— resulta éticamente indefendible ante las carencias del sistema local. Las licencias se otorgan en un contexto donde el propio TSJ de Morelos argumenta recurrentemente la falta de suficiencia presupuestal para modernizar juzgados o dignificar plazas laborales rezagadas. Actualizarse en el extranjero no es un delito; el verdadero problema radica en quién paga la factura y bajo qué condiciones. Si un juzgador decide cursar un posgrado internacional, lo congruente con los principios de austeridad y servicio público sería solicitar una licencia sin goce de sueldo… Diría la abuela: Es bueno el encaje, pero no tan ancho.