Mitos Y Hechos

Centro de datos
El gobierno de Morelos analiza la construcción de un nuevo centro de datos con una inversión de 100 millones de pesos, con la finalidad de garantizar la seguridad de la información y responder al crecimiento de los servicios digitales del estado. Samuel Rivera Muciño, titular de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Morelos, informó que el proyecto busca fortalecer la infraestructura tecnológica y atender la creciente demanda derivada de la digitalización de trámites y servicios. El funcionario explicó que la entidad cuenta actualmente con infraestructura tecnológica heredada de administraciones anteriores, por lo que es necesario avanzar hacia un sistema más moderno, seguro y con capacidad suficiente para acompañar el proceso de transformación digital. Señaló que uno de los centros de datos vinculados con el área de movilidad dejó de operar debido a las condiciones en las que se encontraba, mientras que actualmente existen otros espacios que requieren fortalecimiento y ampliación de capacidades.

Contradicciones
La justicia no puede ser un juego de conveniencias políticas ni de carpetazos selectivos, especialmente cuando los delitos imputados atentan contra la integridad de las personas. Las recientes declaraciones del diputado federal Hugo Eric Flores en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos destapan una alarmante contradicción en el manejo del caso de Cuauhtémoc Blanco. Flores, en su papel de presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, exigió a la fiscalía morelense que informe sobre los nulos avances en la investigación por presunta violación en grado de tentativa que pesa sobre el exgobernador. Su reclamo —advirtiendo que la no admisión previa del desafuero era para profundizar las indagatorias y "no para que se cruzaran de brazos"— contrasta con la realidad legislativa. Fue la propia Comisión Jurisdiccional y la bancada de Morena quienes sepultaron el juicio de procedencia bajo el argumento de que la carpeta original enviada por la FGE era deficiente. El distanciamiento histórico entre Flores y Blanco —quedó de lado— porque hubo la instrucción de proteger al exgobernador… Las contradicciones están a la orden del día: mientras siguen los señalamientos por las declaraciones en contra del joven que insultó a jugadores del Cruz Azul, lo que debe condenarse, no hubo un apoyo institucional a la media hermana de Cuauhtémoc Blanco, que lo acusó de intento de violación en un recinto oficial… De eso mejor callar y obedecer.

El pasado 30 de junio de 2026, la comunidad de Rancho Nuevo en el municipio de Yautepec, se congregó en una cancha de usos múltiples bajo un pretexto que usualmente une a los mexicanos: presenciar un partido de la selección nacional de fútbol. Lo que debió ser una tarde de esparcimiento familiar terminó en una carnicería con tres muertos y nueve heridos. Sin embargo, el verdadero golpe de timón mediático no ocurrió esa noche de terror, sino ahora con el anuncio oficial de la Fiscalía General del Estado de Morelos: la detención de Karla Herrera Castañeda (Karla “N”), síndica municipal en funciones, acusada de ser la presunta autora intelectual que ordenó el ataque armado. Este suceso trasciende la nota roja habitual y nos coloca frente a un espejo incómodo de la realidad nacional. No estamos hablando de un sicario operando desde la clandestinidad de las sombras, sino de una funcionaria pública elegida para resguardar la legalidad y administrar los bienes del municipio. Que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio apunte a que el objetivo principal del atentado era Sandra Fernández Gómez —su rival política y excandidata a la alcaldía— demuestra que, en ciertos territorios, el debate democrático ha sido sustituido por las ráfagas de plomo.

Mucho ojo
Ante el inicio del próximo proceso electoral previsto para finales de 2026, la especialista en derecho electoral Perla Pedrosa hizo un llamado enérgico a las comunidades y pueblos originarios del estado de Morelos para mantenerse vigilantes y prevenir la usurpación de candidaturas y espacios de representación indígena. La abogada advirtió que una reforma aprobada el pasado mes de marzo modificó de manera sustancial los procedimientos vigentes para acreditar la pertenencia legítima a las comunidades originarias, generando incertidumbre y dudas jurídicas respecto a la instancia oficial facultada para emitir las constancias correspondientes. Por este motivo, recomendó a los integrantes de los pueblos originarios informarse con antelación sobre los requisitos, criterios y normativas que deberán cumplir para validar su representación.