• Gaseras; después del niño quemado…

La explosión de una pipa de gas de la empresa Tomza en la colonia Las Granjas, en los límites de Cuernavaca y Jiutepec, no es un “accidente” aislado, sino consecuencia de un sistema de distribución de gas LP que opera al filo de la navaja. Lo ocurrido no puede quedarse en la nota roja ni en el parte de emergencia: debe colocarse en el centro de una discusión pública incómoda sobre la omisión gubernamental, la tibieza regulatoria y la complacencia con empresas que circulan por las zonas habitadas cargando miles de litros de un combustible altamente riesgoso.
Las cifras oficiales son apenas el contorno de la tragedia: reportes periodísticos señalaron 21 personas lesionadas, daños en viviendas, vehículos y negocios, además de denuncias presentadas por vecinos afectados. Pero detrás de cada número hay una familia que respiró gas antes que aire, una casa convertida en ruina y una colonia obligada a descubrir, de la peor manera, que la seguridad pública también se pierde cuando el Estado deja circular el peligro sin control suficiente.
La pregunta es inevitable: ¿quién permite que estas unidades operaran como si fueran simples camiones de reparto y no bombas rodantes atravesando zonas densamente pobladas? Las autoridades federales, estatales y municipales suelen aparecer después del fuego, con chalecos, comunicados y promesas de investigación. Pero la verdadera responsabilidad pública no empieza cuando llegan los bomberos; empieza mucho antes, en las inspecciones que debieron hacerse, en los permisos que debieron revisarse, en las rutas que debieron controlarse, en los conductores que debieron certificarse y en las unidades que debieron ser sacadas de circulación si no cumplían con condiciones estrictas de seguridad.
No se trata de negar que existan normas. En México hay regulación para el transporte y distribución de gas LP, y recientemente se han anunciado disposiciones más severas: controles de velocidad, geolocalización, dictámenes de mantenimiento, pruebas periódicas, capacitación de operadores y obligaciones técnicas para las unidades. El problema es que una norma sin vigilancia es ley muerta; una inspección anunciada y no ejecutada es simulación; una sanción tardía, cuando ya hay quemados y casas destruidas, es apenas un gesto de administración del desastre.
La autoridad no puede seguir actuando como notaria de tragedias. No basta con abrir carpetas de investigación ni con prometer que la empresa pagará daños. El deber del gobierno es prevenir, no solamente contabilizar heridos; regular, no solamente lamentar; vigilar, no solamente escoltar ambulancias. Si una empresa acumula antecedentes, denuncias o incidentes, la respuesta institucional no puede ser esperar al siguiente estallido para descubrir que había focos rojos encendidos desde antes.
También hay una responsabilidad local que no debe diluirse en el laberinto burocrático. Los municipios conocen sus calles, sus topes, sus zonas escolares, sus colonias saturadas y sus horarios de mayor circulación. Si una pipa de gas atraviesa una zona habitacional sin protocolos visibles, sin rutas seguras, sin verificación de velocidad y sin coordinación efectiva, entonces la omisión no es abstracta: tiene domicilio, tiene ventanilla y tiene firma.
La tragedia de Las Granjas debe obligar a una revisión exhaustiva de permisos, bitácoras de mantenimiento, edad de las unidades, capacitación de operadores, seguros vigentes, rutas autorizadas y protocolos de emergencia de todas las gaseras que operan en Morelos. No como ejercicio cosmético, sino como auditoría pública con consecuencias reales: suspensión de operaciones cuando haya incumplimientos, multas proporcionales al daño, reparación integral a las víctimas y publicación transparente de los resultados.
Porque si después de una explosión de esta magnitud todo termina en condolencias, fotografías oficiales y promesas de “llegar hasta las últimas consecuencias”, entonces el mensaje para a a la sociedad será devastador: que en México sale más barato reparar daños que prevenirlos; que vivir junto a una ruta de reparto de gas equivale a aceptar un riesgo que nadie eligió, pero que las autoridades toleraron.
La regulación de las gaseras no puede seguir atrapada entre discursos técnicos y negligencias políticas. Se necesita una política de seguridad industrial con dientes: inspecciones sorpresivas, registros públicos de unidades autorizadas, monitoreo real de velocidad y ubicación, sanciones ejemplares, rutas restringidas en zonas de alta concentración poblacional y una coordinación efectiva entre empresas, autoridades estatales, Protección Civil y municipios. Lo contrario es seguir jugando a la ruleta con pipas cargadas de gas en medio de nuestras calles.
En suma: el fuego de Las Granjas no sólo quemó vehículos y viviendas; también exhibió la fragilidad de un gobierno que reacciona tarde y regula mal. Si las autoridades quieren honrar a las víctimas, no basta con investigar la explosión. Deben impedir la siguiente. Y eso exige dejar de tratar a las gaseras como actores intocables y empezar a verlas como lo que son: empresas que manejan un riesgo público y que, por tanto, deben estar sometidas a una vigilancia pública implacable, a ver…