Hace poco me reconecté, después de un breve espacio, con la política mexicana y el primer golpe de información que recibí fue el de la #LeyCensura. He de decir que no me gusta mucho esta manía de la oposición de catalogar con una palabra las propuestas del gobierno, como la #LeyMaduro, porque, a pesar de ser útil para quien no pretende atender constantemente el acontecer nacional, no abunda ni aporta elementos sobre lo que representan las leyes propuestas por el oficialismo.
Sin embargo, el tema de hoy no son las observaciones que yo le haría a la oposición, sino hablar de la naciente propuesta. La que promete ser una próxima iniciativa de reforma de ley tiene como objetivo, de manera teórica, garantizar el derecho de las audiencias y plantea hacerlo mediante la obligación de que aquellos programas que den noticias distingan de manera clara, para las audiencias, las noticias de las opiniones.
De la misma manera, deberá existir una distinción para las audiencias sobre el contenido que es un anuncio o se paga para su transmisión. Asimismo, los programas deberán tener un código de ética y deberá existir una figura para asegurar que los puntos se cumplan de manera correcta.
Por si usted no lo sabe, estimado lector, los gobiernos tienen un importante recurso asignado a algo llamado “gastos de comunicación social”, que es básicamente dinero que se les da a medios por “cubrir” al gobierno. Este apartado no es menor y algunos medios incluso viven de él. Para mí, esto representa un problema porque, eventualmente, puede servir como una palanca para orientar opiniones (por supuesto, es algo cómodo para el poder).
Por ello, me parecerían correctos algunos ajustes, como efectivamente señalar a la audiencia qué contenido es un anuncio y qué contenido es una nota, así como dividir lo que es una opinión de una nota. Yo, por ejemplo, aunque me gusta pensar que mis escritos explican noticias, reconozco que son opiniones.
Sin embargo, algunos periodistas advierten que es inocente pensar que lo propuesto servirá de forma correcta y plantean preguntas como: ¿quién determinará lo que es opinión y lo que es noticia? ¿Se utilizará de manera autoritaria la distinción para descalificar información que resulte contraria al movimiento?
Posiblemente sí. Hemos visto a este gobierno y al anterior derrumbar proyectos prometiendo algo mejor, y nos hemos visto esperando eso “mejor” que nunca llegará.
Ante mi imposibilidad de legislar o cambiar los medios de comunicación, mi llamado es a la gente, a nosotros: debemos ser más exigentes con la información que recibimos, formar un criterio más agudo sobre lo que es una nota y una opinión, sin castigar una u otra, solo señalando a las que intentan hacer parecer una cosa por otra y, sobre todo, castigar al político que actúe, con palabras o acciones, contra el bien público y la razón.









