¿Y el INE? Bien, gracias…

En un país -y en un estado- donde se destinan millones de pesos a organizar, ejecutar y calificar procesos electorales, resulta difícil justificar que la falta de rendición de cuentas y la inequidad entre partidos, aspirantes y figuras públicas se hayan convertido en una práctica normalizada. La ley prohíbe los actos anticipados de campaña y contempla sanciones para quienes vulneren la equidad; sin embargo, a menos de un año de los próximos comicios federales y locales, diversos actores políticos parecen moverse ya en una contienda informal, con propaganda, recorridos y mensajes de posicionamiento que rara vez enfrentan una consecuencia clara.
La crítica no debe entenderse como una descalificación automática de la autoridad electoral. Tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos locales operan bajo marcos legales complejos, criterios jurisdiccionales cambiantes y presiones políticas permanentes. No todo señalamiento constituye una infracción, ni toda presencia pública de un político equivale por sí misma a campaña adelantada. La prudencia institucional es necesaria para evitar arbitrariedades. Pero la prudencia no puede transformarse en parálisis.
El problema central es que la autoridad parece actuar tarde frente a fenómenos que avanzan rápido. Diversos reportes periodísticos han documentado que el INE ha postergado la discusión de lineamientos para fiscalizar procesos internos y contener posibles actos anticipados rumbo a 2027, mientras aspirantes en distintos estados intensifican reuniones, eventos y actividades de promoción. En Morelos, también se han publicado señalamientos sobre denuncias ante el IMPEPAC por presuntos actos anticipados, uso de propaganda personalizada y posibles irregularidades relacionadas con la equidad de la contienda.
Ahí aparece la contradicción: se exige a los ciudadanos confiar en instituciones que, al mismo tiempo, parecen carecer de reflejos suficientes para impedir que la competencia arranque antes de tiempo. Si la autoridad espera a que el proceso formal inicie para mirar con lupa lo que ya ocurre en las calles, espectaculares, redes sociales y asambleas partidistas, entonces el principio de equidad llega tarde. Y una equidad tardía, en términos democráticos, se parece demasiado a una inequidad consumada.
La autoridad electoral tampoco puede cargar sola con todas las culpas. Los partidos han encontrado fórmulas cada vez más sofisticadas para bordear la ley: procesos internos disfrazados de organización territorial, aspiraciones presentadas como simples recorridos informativos, propaganda que evita pedir el voto de manera explícita, pero que construye reconocimiento, ventaja y presencia pública. La responsabilidad es compartida: partidos que empujan los límites, aspirantes que se benefician del vacío y autoridades que dudan entre intervenir o esperar a que los tribunales definan el alcance de cada conducta.
Una democracia no se mide únicamente el día de la jornada electoral, sino en la limpieza del terreno previo. De poco sirve instalar casillas, capacitar funcionarios y contar votos con precisión si antes se permitió que algunos competidores corrieran con ventaja económica, territorial o mediática. La legalidad electoral no puede limitarse a administrar calendarios; debe garantizar que esos calendarios tengan sentido.
Por eso, la crítica imparcial a la autoridad electoral es sencilla: no se le pide actuar como adversaria de partido alguno, sino como árbitro efectivo. No se le exige inventar faltas, sino investigar con oportunidad. No se le demanda sancionar por consigna, sino fiscalizar con rigor. Si el INE y los órganos locales quieren preservar su autoridad moral, deben demostrar que su autonomía no sólo sirve para resistir ataques externos, sino también para intervenir cuando la equidad de la contienda está en riesgo.
La omisión también comunica. Y cuando el árbitro tarda demasiado en silbar una falta evidente, el mensaje que recibe la ciudadanía es peligroso: que la ley electoral depende menos de lo que se hace y más del momento en que conviene verla. En política, esa duda erosiona la confianza; en democracia, la confianza es el primer voto que no debería perderse, a ver…