¿Sólo un accidente?
La reciente explosión de un polvorín en el poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca, ha vuelto a traer a la mesa la discusión del peligro latente de la pirotecnia en Morelos. El saldo es desafortunado: una mujer fallecida —esposa del propietario del taller— y tres personas heridas, entre ellas un menor de edad. Sin embargo, la declaración del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), Ubaldo González Carretes, añade una capa de profunda de dudas al debate: el establecimiento contaba con todos los permisos vigentes y había aprobado la inspección de seguridad en mayo. Esta realidad plantea una contradicción institucional alarmante. Si un taller de pirotecnia cumple rigurosamente con las normas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con las directrices de Protección Civil, pero aun así estalla, el problema no es el desacato, sino la insuficiencia de los propios protocolos. Calificar la tragedia como un simple "accidente" es una salida que evade una verdad incómoda: los criterios de regulación actuales están rebasados y son incapaces de garantizar una verdadera gestión de riesgos en zonas habitadas… La situación se vuelve crítica porque si un establecimiento que estaba debidamente verificado explotó, qué se puede pensar de todos aquellos que son clandestinos… Hacen falta más detalles del lamentable accidente, por parte del titular de Protección Civil.
Vapeadores
La reciente reforma al Código Penal de Morelos, que tipifica como corrupción de menores la inducción o facilitación del consumo de vapeadores y cigarros electrónicos, representa una de las decisiones legislativas más contundentes y necesarias en materia de salud pública local. Publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, esta normativa impone penas drásticas de cinco a diez años de prisión y multas de hasta 500 días a quienes acerquen estos dispositivos a la niñez. Más allá del debate sobre el punitivismo penal, esta medida pone el dedo en la llaga sobre una realidad alarmante: el vapeo dejó de ser una "alternativa inofensiva" para convertirse en una trampa de adicción masiva diseñada explícitamente para menores de edad. Durante años, la industria de los cigarrillos electrónicos operó bajo un esquema de simulación estética. Con empaques de colores llamativos, diseños ergonómicos similares a memorias USB y sabores que van desde la sandía hasta el algodón de azúcar, estos dispositivos se alejaron visualmente del tabaco tradicional para infiltrarse en las mochilas escolares.
Impunidad e incapacidad
El caso de Dionicio Emanuel Álvarez Anonales y el desfalco al Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filateq) es el reflejo de cómo la impunidad es el pan nuestro de cada día. La trama de desvíos millonarios, ventas dobles de terrenos patrimoniales y un entramado burocrático diseñado para la opacidad no representa un hecho aislado, sino que desnuda el alarmante nivel de descomposición institucional heredado de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. El fideicomiso que debía potenciar el turismo y el desarrollo sustentable del "Mar de Morelos" fue transformado en una inmobiliaria clandestina. La venta de terrenos a precios irrisorios para beneficiar a funcionarios de alto nivel —como el caso señalado de la actual diputada federal Sandra Anaya— demuestra que los recursos que pertenecen al estado fueron tratados como herencia privada. El presunto desfalco, estimado en más de 20 millones de pesos, vació las cuentas públicas, dejando apenas 58 mil pesos en caja y un rastro de "pagos fantasma" de hasta 19 millones destinados a conciertos inexistentes. Tras permanecer 11 meses prófugo de la justicia, la captura de Álvarez Anonales en febrero de 2026 encendió la esperanza de que la impunidad finalmente acabara en Morelos. Sin embargo, el reciente revés judicial —donde una jueza determinó a puerta cerrada el sobreseimiento de la causa principal debido a supuestas amenazas de muerte contra la familia del imputado— provoca indignación. Aunque el exdirector se mantiene en prisión preventiva debido a otros procesos vigentes por fraude y desfalco fiscal en Cuautla, este tropiezo de la fiscalía envía un mensaje peligroso: la justicia en el estado sigue siendo frágil ante las deficiencias técnicas de los expedientes… También la titular del Filateq, Keila Figueroa, debe rendir cuentas sobre este revés legal y el problema con sus asesores jurídicos.









