• La escuela que el Estado abandonó

En materia educativa, hace décadas que el Estado normalizó una forma silenciosa de negligencia: mirar hacia otro lado mientras las escuelas públicas envejecen, se agrietan, se inundan, se quedan sin agua, sin luz, sin internet y, en demasiados casos, sin condiciones mínimas de dignidad. No es un accidente administrativo ni una falla menor de mantenimiento; es una renuncia política sostenida. Cuando un gobierno permite que el aula se deteriore, no sólo abandona edificios: abandona niñas, niños, docentes y comunidades enteras.
La escena se repite año tras año con una naturalidad ofensiva: madres y padres organizan rifas, cooperaciones, faenas, colectas y jornadas de limpieza para reparar lo que debería garantizar el poder público. Compran pintura, arreglan baños, cargan materiales, pagan herreros, cambian focos, impermeabilizan techos y rescatan salones que la burocracia dejó a la intemperie. La comunidad sostiene con esfuerzo lo que el Estado presume en discursos. Y mientras las autoridades inauguran programas, anuncian presupuestos y reparten fotografías, muchas escuelas sobreviven gracias a la solidaridad de quienes menos deberían cargar con esa responsabilidad.
Los datos disponibles confirman que no se trata de una percepción aislada. La Secretaría de Educación Pública concentra la estadística oficial del Sistema Educativo Nacional a través del Formato 911 y sus plataformas de consulta; además, las bases públicas sobre infraestructura física educativa registran información de construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de planteles públicos. Esa sola existencia de diagnósticos, censos y registros vuelve más grave la omisión: el gobierno sabe dónde están las carencias, conoce los planteles, mide los rezagos y aun así permite que la precariedad se vuelva rutina.
De acuerdo con reportes basados en indicadores nacionales de mejora continua de la educación, durante el ciclo escolar 2022-2023 una proporción relevante de escuelas primarias presentó carencias de servicios básicos como agua, electricidad o sanitarios. También se han documentado brechas en conectividad, equipo de cómputo y adecuaciones para estudiantes con discapacidad. En otras palabras: en pleno siglo XXI, la promesa constitucional de una educación de calidad tropieza todavía con baños inservibles, techos vencidos, patios inseguros, aulas sin ventilación y planteles que dependen de la cooperación vecinal para seguir operando.
La omisión es doblemente grave porque la escuela no es un favor gubernamental ni una obra de beneficencia. Es una obligación pública. Cada barda cuarteada, cada sanitario clausurado, cada salón sin mantenimiento revela una jerarquía de prioridades: se invierte en propaganda, se administra la apariencia y se posterga lo esencial. La infraestructura escolar no puede depender del humor presupuestal, de la presión mediática o de la capacidad de organización de los padres de familia. Si el Estado exige asistencia, disciplina y resultados, debe garantizar primero espacios seguros, funcionales y adecuados para aprender.
El gobierno que abandona sus escuelas abandona su futuro. Y cuando convierte a las familias en sustitutas permanentes de la autoridad, no está promoviendo participación social: está encubriendo su fracaso. La buena voluntad comunitaria puede tapar goteras, pintar muros o levantar bardas; lo que no puede —ni debe— hacer es absolver al Estado de su responsabilidad. Porque una escuela que se cae a pedazos no sólo exhibe abandono material: desnuda una decisión política de indiferencia.
En esta tesitura, quienes merecen un reconocimiento son los padres de familia, las autoridades auxiliares o comunitarias y la sociedad que en torno a las escuelas las ha adoptado, porque sin ese trabajo que no es su responsabilidad, sencillamente no existirían, a ver…