El nuevo sistema de pensiones

El Instituto de Pensiones, tan mencionado últimamente, es un proyecto que no termina de cocinarse. Se trata de una propuesta necesaria porque el tema financiero es bastante complejo. La realidad es que existe el riesgo de que miles de trabajadores vean comprometida, en un futuro no muy lejano, su legítima aspiración de acceder a una pensión, debido a la posibilidad real de que ésta no pueda materializarse por insuficiencia de recursos financieros, los cuales son finitos.
La preocupación es real desde la Federación y por ello han modificado la Constitución, para establecer límites a las pensiones excesivamente abultadas, de manera que ninguna pueda superar el equivalente a la mitad de la percepción de la persona titular de la Presidencia de la República en funciones. Bajo este criterio, nadie podrá tener una pensión mayor a lo ya mencionado por un tema de justicia social.
El tema, sin duda, es controversial y coloca en el centro del debate la tensión entre la justicia social y los intereses de una clase privilegiada que históricamente ha tenido acceso a sueldos generosos, muy por arriba del grueso de la población. Hoy, parte de esos sueldos, de gente privilegiada, han sido ajustados a una cantidad inferior, pero socialmente suficiente para vivir bien. Desde luego, se trata de un tema subjetivo, pues quienes se ven afectados argumentan que sus derechos han sido trastocados al disminuirles su pensión que por muchos años mantuvieron. Sin embargo, su derecho permanece salvaguardado, ya que siguen recibiendo una pensión; lo que cambia es el monto de ésta, en atención a un interés superior: garantizar la viabilidad del sistema y proteger a millones de trabajadores y pensionados que, de mantenerse los privilegios de unos cuantos, podrían enfrentar el riesgo de no recibir nada en el futuro.
La creación de un Instituto de Pensiones aún no es una realidad consolidada, se trata de un proyecto que continúa en proceso de análisis y adecuación a las condiciones y necesidades específicas del estado de Morelos. Esta propuesta nace a partir de un diagnóstico financiero y administrativo del sistema actual de pensiones, ante una realidad a corto plazo; en este contexto, el objetivo es pensar en un instituto que atienda el problema, que se especialice y profesionalice para administrar el sistema de manera ordenada y sostenible. Por ello, la propuesta es crear un organismo que concentre la administración de las pensiones y jubilaciones para dar certeza jurídica a los trabajadores y a los pensionados, garantizar la viabilidad financiera del sistema a largo plazo y transparentar el manejo de los recursos destinados a las pensiones.
En relación con la narrativa sostenida por algunos líderes sindicales, particularmente del sector del Poder Ejecutivo, respecto a una eventual afectación a los derechos de las y los trabajadores, es importante señalar que no existe ninguna iniciativa tendiente a lastimar dichos derechos. No hay intención alguna de disminuir, eliminar pensiones, ni de retirar derechos adquiridos; en el proyecto que se construye no hay nada relativo a algo así. Por el contrario, una vez que la propuesta se encuentre integrada y presentada, deberá ser analizada, discutida y enriquecida con la participación de las organizaciones sindicales, trabajadores y todo aquel interesado en aportar de manera propositiva. 
En síntesis, el interés estriba en una realidad insoslayable, desde el punto de vista financiero, el sistema actual de pensiones representa una carga difícil de sostener por mucho tiempo, por lo tanto, es impostergable revisar y modificar el mismo. Esta revisión debe abrirse a la participación de todas las personas e instituciones interesadas en contribuir, pero con un ánimo propositivo, dejando de lado intereses personales, políticos o de grupo, como lo que parece está ocurriendo con algunos líderes sindicales, que convocan a protestar, pero no atinan a direccionar el porqué de la protesta. El tema es bastante serio, como para hacerlo una grillita de interés personal, porque tiene que ver con el futuro de muchos trabajadores que en algún momento tendrán que pensionarse. La responsabilidad colectiva es garantizar que puedan hacerlo en condiciones dignas y sin poner en riesgo esa prestación. Por ello, la discusión debe ser de altura y con la participación no sólo de las y los trabajadores y sus organizaciones representativas, sino también de especialistas en la materia, a fin de construir una propuesta sólida, técnicamente viable y capaz de brindar certidumbre a largo plazo en beneficio de la clase trabajadora y de las futuras generaciones.