Desapariciones
La desaparición de Diego Ignacio Alviso Almada en Morelos representa el reflejo doloroso de una crisis de seguridad que sigue fragmentando el tejido social de nuestro país. El caso del hombre de 42 años, visto por última vez la noche del 8 de julio de 2026 en el conjunto habitacional Las Canteras en Jiutepec, expone la vulnerabilidad a la que se enfrentan ciudadanos en sus actividades cotidianas. Diego salió de su hogar presuntamente para comprar cigarros tras recibir una llamada telefónica. Horas después, su vehículo de trabajo, un Nissan Versa blanco, fue localizado en completo abandono sobre la carretera Cuautla-Puebla. El hallazgo del automóvil con sus documentos personales, pero sin rastro de él, traza una ruta geográfica que conecta la delincuencia de Morelos con las colindancias interestatales. Esto evidencia fallas graves de vigilancia en corredores que debieran ser seguros. La movilización digital de su familia, bajo consignas de desesperación y fe, recuerda que detrás de cada alerta hay hogares destruidos por la angustia de la incertidumbre. Exigir investigaciones ágiles y coordinadas entre las fiscalías de Morelos y Puebla no es un favor; es una demanda de justicia básica en un estado donde desaparecer se ha vuelto un riesgo cotidiano.
Más expectativas
La Secretaría de Turismo, presentó la Campaña de Verano 2026, con el objetivo de posicionar al estado como destino vacacional del centro del país. La estrategia, coordinada con el sector empresarial, combinará promoción digital, medios, alianzas comerciales y publicidad para impulsar el turismo recreativo, cultural, comunitario, de naturaleza y de bienestar. Según el Observatorio Turístico Sostenible de Morelos, se proyecta la llegada de un millón 683 mil 364 visitantes —unos 673 mil pernoctarán en la entidad—, una ocupación hotelera promedio de 45% y un derramamiento económico superior a 2,043 millones de pesos, cinco puntos arriba respecto al verano de 2025. La entidad cuenta con más de 700 hoteles y 14 mil habitaciones; La promoción dirigirá a los interesados a visitmorelos.mx para planear su viaje. Autoridades y representantes del sector destacaron que la coordinación público-privada será clave para capitalizar la temporada, generar empleo y fortalecer micro, pequeñas y medianas empresas locales, integrando además al programa México Imparable y distintivos como Tesoros de México para atraer turismo de mayor valor… Esperemos que las metas trazadas puedan cumplirse y no crear altas expectativas como lo sucedido con el Mundial, todo por el bien del sector.
¡Necesito dinero!…
El Congreso de Morelos será el encargado de analizar y, en su caso, autorizar las solicitudes de ampliación presupuestal presentadas por diversos organismos autónomos y dependencias clave, informó el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta. Entre las instituciones solicitantes destacan el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), el Tribunal Electoral y el Tribunal Superior de Justicia. Salazar Acosta precisó que el Poder Ejecutivo ha concluido la integración de las iniciativas correspondientes, así como el análisis de impacto presupuestal para identificar las fuentes de ingresos que permitirían cubrir estas solicitudes. La lista de organismos incluye también al Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). El funcionario explicó que estas iniciativas serán enviadas primero a la gobernadora Margarita González Saravia para su aprobación y, posteriormente, remitidas al Poder Legislativo. Añadió que corresponderá a los diputados locales determinar si estos asuntos se desahogan mediante un periodo extraordinario de sesiones o durante el actual periodo de la Diputación Permanente, una vez que el Ejecutivo envíe formalmente las propuestas.
El amparo como trinchera
El exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ha sumado un nuevo capítulo a su ya kilométrica batalla legal tras promover un juicio de amparo contra jueces federales y estatales por supuestas amenazas de detención y desaparición forzada. Esta acción no es un hecho aislado, sino la continuación de una agresiva estrategia de defensa masiva con la que el exfuncionario busca frenar las múltiples investigaciones que pesan en su contra. Tras haber acumulado al menos 20 juicios de amparo previos que han paralizado diversas carpetas de investigación por corrupción y otros delitos, el recurso actual pone nuevamente sobre la mesa el uso —y potencial abuso— del juicio de garantías como un escudo político y de impunidad en el México contemporáneo.
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