Mitos Y Hechos

Sangrar el presupuesto público
La exigencia del sindicato del Congreso de Morelos confronta directamente los límites del erario público con los privilegios de la burocracia estatal. El debate sobre los ingresos de quienes operan en las estructuras del Estado ha vuelto a encender las alarmas. La reciente confrontación entre los legisladores y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPLEM) plantea una pregunta incómoda pero necesaria para la entidad: ¿en qué punto la legítima defensa de los derechos laborales se transforma en una insaciable ventaja corporativa a costa de los ciudadanos?. Para dimensionar el descontento social que genera esta disputa, basta mirar hacia la calle. De acuerdo con los indicadores económicos de la entidad, el salario promedio de un trabajador morelense formal apenas ronda los 4 mil 200 pesos mensuales, mientras que el salario mínimo general vigente apenas roza los 9 mil 580 pesos al mes. Que una élite burocrática, respaldada por canonjías sindicales y jugosos aguinaldos, exija incrementos adicionales en un Poder Legislativo que de por sí enfrenta presiones de austeridad, resulta un insulto a la realidad de la gran mayoría de la población. Hay que recordarle a Josué Gabriel Alonso Parra, líder del SUTSPLEM, que desde la Federación se puso como ejemplo a Morelos como el Congreso con mayor gasto, ahora vemos que además de las pensiones doradas hay un contrato ventajoso y es momento de que entiendan que no se pueden mantener esos privilegios… Diría la abuela: ”es bueno el encaje, pero no tan ancho”.

Otra de sindicatos
El acuerdo entre el gobierno de Morelos y los sindicatos para crear una mesa de diálogo y elaborar conjuntamente una iniciativa de reforma a la ley de pensiones marca un hito de gobernanza. Al priorizar el consenso sobre la imposición, se abre la puerta a un sistema financieramente viable que respete los derechos laborales. En el complejo entramado de las finanzas públicas, el sistema de pensiones es, sin duda, una de las bombas de tiempo más delicadas para cualquier administración. En Morelos, el reciente anuncio de la creación de una mesa permanente de trabajo entre el gobierno de Margarita González Saravia y los dirigentes sindicales de los tres poderes, ayuntamientos y organismos autónomos representa una bocanada de oxígeno en la política local. Y es que los burócratas temían un “madruguete” legislativo y perder derechos adquiridos; ya lo habían dicho el diputado Rafael Reyes y el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, que la creación del Instituto de Pensiones (mediante una reforma a la ley) sería aplazado… Pero por si las moscas, los sindicalizados tomaron las calles y posteriormente se reunieron con la gobernadora y funcionarios cercanos… Ahora tienen un acuerdo con la mandataria, más no se puede.

Diversidad Sexual
El director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno, Ángel Gabriel Villanueva Castañeda, informó que el estado cuenta con un protocolo de acompañamiento dirigido a personas trans que buscan realizar el cambio de identidad legal. El apoyo incluye asesoría para la modificación de documentos oficiales como el acta de nacimiento, la credencial del INE, registros fiscales y certificados escolares, así como orientación en trámites laborales y jurídicos relacionados con el proceso. Villanueva Castañeda precisó que la expedición gratuita de actas de nacimiento para este procedimiento se ofrece únicamente durante las Caravanas del Pueblo y las Ferias de la Paz organizadas por el gobierno de Morelos. Las autoridades señalaron que el protocolo busca facilitar los trámites y garantizar un trato respetuoso y con perspectiva de derechos humanos, reduciendo barreras administrativas que enfrentan las personas trans al actualizar su identidad en documentos oficiales.

Extorsionador detenido
Por la probable comisión del delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Jesús Heriberto “N” y Bryan Javier “N”, en hechos suscitados en el municipio de Cuautla. Al celebrarse la audiencia, el juez decidió vincular a proceso a los masculinos y ordenó prisión preventiva como medida cautelar. Además, estableció tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.