Mitos Y Hechos

Regresa Resistencia Estudiantil
El Pase Olin es excluyente. Esta es la postura contundente compartida por el movimiento Resistencia Estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ante el nuevo programa de subsidio al transporte. Aunque hay sectores que celebran la iniciativa, el análisis crítico de la base estudiantil revela las grietas del proyecto. Pero hay un punto básico, el Pase Olin otorga un apoyo económico de mil 40 pesos bimestrales, una cifra calculada bajo el supuesto de que un alumno solo realiza dos viajes al día de lunes a viernes pagando la tarifa mínima vigente. Esta premisa, aseguran, ignora por completo la geografía y la realidad social de Morelos. Un porcentaje masivo de la comunidad de la UAEM no vive a la vuelta del campus. Cientos de estudiantes provienen de municipios periféricos y zonas rurales, obligados a tomar tres o cuatro rutas de ida y vuelta diarias… Que los estudiantes tengan otra bandera de lucha es un riesgo que se debe prevenir, con diálogo.

Nuevo partido
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) entregó de manera oficial el registro a Bienestar Ciudadano (BC) como partido político local, con lo que la organización se constituye como una nueva fuerza política en el estado de Morelos. En sesión, la consejera presidenta del Impepac, Mireya Gally Jorda, dio lectura al dictamen mediante el cual se otorgó la aprobación formal del registro. Según la resolución, BC, cumplió con los requisitos establecidos por la autoridad electoral para su constitución como partido político local, tras superar el proceso en el que participaron otras 11 organizaciones ciudadanas. El Impepac y la propia agrupación deberán ahora realizar los registros correspondientes de sus órganos y representantes para operar legalmente en el territorio morelense.

Detienen a golpeador… No es Ulises
La detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, sacudió los pasillos del poder político en México. La aprehensión, ejecutada por la Policía Ministerial en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, golpea directamente el tejido social: una denuncia penal por violencia familiar tras la difusión de un video donde el exfuncionario agrede físicamente a su esposa, la académica María Felicia Jiménez. Este caso sitúa al Estado mexicano ante un espejo incómodo pero definitivo. La respuesta institucional inicial fue tajante: el retiro inmediato de su posible nombramiento en el sector energético por orden de la Secretaría de Energía y la condena de la propia Presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el verdadero reto no radica en el deslinde político o el tuit de condena solidaria, sino en la congruencia de los tribunales… Vale la pena preguntar ¿qué hubiera pasado si no existiera un video que muestra la violencia?… Nada, porque en Morelos ya tenemos la experiencia de los hermanos Cuauhtémoc y Ulises, denunciados por mujeres que han sido víctimas de su violencia, pero con el poder que les queda siguen viviendo en la impunidad.

Declaraciones vs. realidad
Morelos se posiciona como la entidad con la tasa de feminicidios más alta de todo México, superando por casi cuatro veces el promedio nacional al registrar un alarmante indicador de 2.02 víctimas por cada 100 mil mujeres, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Ante este desolador panorama, la postura de las colectivas feministas en el estado no es solo de indignación, sino de una profunda y justificada rebelión contra un sistema institucional que continúa fallándoles. La mayor crítica de las organizaciones civiles radica en la sistemática simulación de la justicia. Mientras los datos oficiales reportaban apenas 14 o 15 carpetas de investigación por este delito entre enero y mayo de este año, redes activistas como las Feministas Divulgadoras o la Resistencia Feminista de Yautepec denunciaron de forma contundente que la cifra real ya superaba los 40 feminicidios en el territorio estatal... Morelos cuenta con una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) desde hace más de diez años en ocho de sus municipios. No obstante, para los colectivos feministas de la entidad, este mecanismo se mantiene como un "mandato de papel”.