En política, ya se sabe, las fotos rara vez son inocentes y los apretones de mano casi nunca vienen solos. La reciente reunión entre la dirigencia nacional del SNTE, encabezada por Alfonso Cepeda, y el secretario de Educación, Mario Delgado, no puede leerse únicamente como un acto de cortesía institucional ni como una postal más para el álbum de la buena vecindad entre sindicato y gobierno. Detrás del mensaje oficial (diálogo, colaboración y voluntad de acuerdos) se asoma una negociación de fondo que toca nervios sensibles del magisterio: la sustitución de la USICAMM, la reforma al sistema de pensiones, los incrementos salariales, las basificaciones y los adeudos laborales pendientes.
El dato no es menor: mientras la SEP presume una ruta de recuperación salarial, basificaciones históricas y programas asociados al ciclo escolar 2025-2026, el SNTE coloca sobre la mesa sus propias cartas y recuerda que la estabilidad del aula también se construye con certeza laboral, jubilaciones dignas y reglas claras para la carrera magisterial. Dicho de otro modo: el gobierno presume avances; el sindicato cobra factura política. Y lo hace sin romper platos, pero dejando claro que la vajilla está contada.
La jiribilla está en que ambas partes se necesitan más de lo que admiten. Para la 4T, mantener al SNTE en la ruta del diálogo significa evitar que el malestar magisterial se desborde hacia la calle y contamine otros frentes políticos. Para la cúpula sindical, aparecer como interlocutor reconocido por la SEP fortalece su posición frente a las bases y frente a otros actores del magisterio que también disputan agenda, recursos y legitimidad. Así, la reunión no sólo ordena pendientes administrativos: también acomoda fuerzas.
Por eso, más allá del comunicado y de las sonrisas de ocasión, el encuentro deja una lectura clara: el magisterio vuelve a colocarse como pieza de negociación nacional. Y cuando el SNTE se sienta a la mesa con el gobierno, no sólo se habla de educación; también se mide poder, se administran tiempos y se tantea hasta dónde alcanza la paciencia de maestras y maestros. Lo demás, como suele ocurrir en política, fue para la foto.
Y en el terreno local, entre la Sección 19 del SNTE que encabeza Joel Sánchez Vélez y el gobierno de Margarita González Saravia, el tono es prácticamente el mismo: diálogo público, reconocimiento mutuo y una agenda de pendientes que, aunque se presenta envuelta en palabras de coordinación institucional, tiene un fuerte contenido político.
No se trata de un dato aislado. En Morelos, el magisterio llegó al nuevo gobierno con memoria fresca de desencuentros, marchas, reclamos y una larga lista de asuntos heredados: prima de antigüedad, certeza laboral, basificaciones, condiciones de infraestructura escolar, capacitación docente, atención a jubilados y homologados y prestaciones que durante años quedaron atrapadas entre la promesa presupuestal y la ventanilla cerrada. Por eso, cuando la gobernadora acude a los espacios del SNTE y refrenda apoyo al magisterio, el mensaje no sólo se escucha en los salones de actos; también viaja a las escuelas, a las delegaciones sindicales y a los grupos de docentes que saben distinguir entre el discurso y el depósito bancario.
La administración estatal ha buscado colocar como carta de presentación el pago de la prima de antigüedad a maestras y maestros de la Sección 19, un reclamo histórico que se convirtió en bandera de cumplimiento. A ello se suma el discurso de respaldo a la basificación de trabajadores, el rescate de prestaciones, la atención a docentes homologados, la reactivación de programas tecnológicos y la promesa de fortalecer la infraestructura escolar. Visto desde el gobierno, son resultados; visto desde el sindicato, son conquistas; visto desde la política, son fichas en un tablero donde nadie regala nada y todos cobran algo.
Aquí, Joel Sánchez Vélez entiende que su fuerza no depende únicamente de levantar la voz, sino de administrar el momento. No rompe con el gobierno, pero tampoco le firma cheques en blanco. Agradece, reconoce y acompaña, sí; pero al mismo tiempo recuerda que la representación sindical se mide en resultados concretos y que la paciencia de las bases tiene calendario propio. En otras palabras: el dirigente camina cerca del poder, pero con la mirada puesta en su propia tropa.
Del lado de Margarita González Saravia, la cercanía con la Sección 19 también tiene cálculo. En un estado políticamente movedizo como Morelos, donde los conflictos sociales suelen escalar con rapidez, mantener una relación funcional con el magisterio equivale a asegurar gobernabilidad en uno de los sectores con mayor presencia territorial. Las maestras y los maestros no sólo enseñan: conocen comunidades, organizan redes, influyen en familias y, llegado el momento, pesan en la conversación pública. Quien subestime esa fuerza, suele enterarse tarde.
Así, el libreto nacional se replica en clave morelense: coordinación hacia afuera, negociación hacia adentro y cálculo político por debajo de la mesa. El SNTE presume unidad; el gobierno presume sensibilidad; y ambos procuran que la relación se vea tersa, aunque de fondo sigan corriendo las corrientes de siempre: presupuesto, plazas, prestaciones, liderazgos y control territorial. Porque en el magisterio, como en la política, los abrazos cuentan, pero las nóminas pesan, a ver…









