Morelos, el cementerio de desaparecidos (Parte 2)

La doble victimización es algo tan común como cruel entre las autoridades encargadas de investigar, pero omisas y negligentes en su tarea de hallar a los miles de desaparecida en México y en Morelos. La ausencia de responsabilidad y el deslinde de una administración gubernamental a otro no tienen cabida. Los señalamientos de colectivos contra áreas de la Fiscalía especializada deben investigarse con seriedad, no descalificarse como incomodidad política. Si hubo desconocimiento de acuerdos previos, obstáculos administrativos, manejo deficiente de indicios, hostigamiento o decisiones orientadas a cerrar trabajos antes de tiempo, la respuesta no puede ser el silencio ni la conferencia de prensa: debe ser una auditoría independiente, pública y con consecuencias.
La responsabilidad no puede diluirse entre administraciones pasadas y presentes. Los gobiernos que permitieron las inhumaciones irregulares deben responder por lo que ocurrió; los gobiernos actuales deben responder por lo que siguen sin corregir. El relevo de funcionarios no borra la obligación del Estado de investigar, identificar, sancionar y reparar. En materia de desaparición, la continuidad institucional no es opcional: es una obligación jurídica y ética.
Durante años, los nombres de exgobernadores, fiscales y mandos de procuración de justicia han aparecido en el debate público por acción, omisión o falta de resultados. La exigencia central no debe ser partidista, sino institucional: determinar quién autorizó, ejecutó, toleró o encubrió prácticas que impidieron la identificación de personas fallecidas y que profundizaron el sufrimiento de sus familias.
La presencia ocasional de un fiscal en campo puede ser un gesto, pero no equivale a justicia. La justicia se mide en expedientes completos, perfiles genéticos obtenidos, cruces de bases de datos, identificaciones positivas, entregas dignas, investigaciones penales y sanciones. Todo lo demás puede convertirse en escenografía institucional frente a familias que llevan años pidiendo una respuesta elemental: dónde están sus seres queridos.
Frente a lo ocurrido en Jojutla, las autoridades deben asumir una ruta verificable y no sólo discursiva. Primero, continuar las excavaciones hasta agotar técnicamente el perímetro, sin cierres apresurados y con participación efectiva de los colectivos. Segundo, individualizar cada indicio y evitar agrupamientos que puedan contaminar o confundir investigaciones. Tercero, preservar toda evidencia asociada, incluidas bolsas, prendas, envoltorios y objetos, porque también pueden revelar circunstancias de muerte, identidad o responsabilidad institucional.
Cuarto, publicar informes periódicos con cifras claras: indicios recuperados, perfiles genéticos obtenidos, confrontas realizadas, identificaciones logradas, carpetas abiertas y diligencias pendientes. Quinto, permitir observación independiente de organismos de derechos humanos, especialistas forenses y representantes de víctimas. Sexto, investigar penal y administrativamente las inhumaciones irregulares, porque sin sanción la negligencia se convierte en precedente.
La verdad no puede depender de la terquedad heroica de las madres buscadoras. Tampoco puede seguir enterrada bajo capas de burocracia, lenguaje técnico y promesas incumplidas. Jojutla exhibe una verdad brutal: cuando el Estado pierde, oculta o administra mal los cuerpos de personas no identificadas, desaparece por segunda vez a quienes ya fueron arrancados de sus familias.
Por eso la crítica a las autoridades debe ser frontal. No basta con acompañar; hay que rendir cuentas. No basta con abrir fosas; hay que abrir expedientes. No basta con contar indicios; hay que devolver identidades. No basta con decir que se trabaja con sensibilidad; hay que demostrarlo con resultados. Cada día sin identificación, cada dato negado y cada diligencia incompleta prolongan la violencia contra las familias.
En Morelos, la deuda no es sólo forense ni administrativa: es profundamente humana. Mientras haya cuerpos sin nombre, familias sin respuesta y autoridades sin consecuencias, la desaparición seguirá siendo una herida abierta y una responsabilidad del Estado. La justicia empieza cuando la verdad deja de ocultarse bajo tierra, a ver… ¡Hoy es mi cumpleaños y estoy de manteles largos, vámonos!…