Morelos, el cementerio de desaparecidos (Parte 1)

El panteón municipal Pedro Amaro, en Jojutla, no es sólo un sitio de inhumación: es la evidencia física de una crisis forense, administrativa y moral que las autoridades de Morelos han arrastrado durante años. Allí, donde deberían existir registros impecables, expedientes individualizados, trazabilidad de cuerpos, pruebas genéticas y una ruta clara hacia la identificación, se acumulan dudas, restos humanos, prendas, bolsas, fragmentos y familias obligadas a vigilar al Estado para que haga lo mínimo que le corresponde.
La sexta exhumación realizada entre el 25 de mayo y el 26 de junio de 2026 volvió a colocar a Jojutla en el centro de la indignación pública. Reportes periodísticos y testimonios de colectivos de búsqueda señalaron la recuperación de alrededor de 60 indicios que, por la forma en que fueron localizados, podrían corresponder a entre 90 y 100 cuerpos. Entre los hallazgos se mencionaron restos de mujeres, bebés e indicios dispersos, una imagen insoportable que resume la profundidad del abandono institucional.
El dato, por sí solo, debería bastar para exigir explicaciones públicas inmediatas. Sin embargo, lo más grave no es únicamente la cantidad de restos recuperados, sino el patrón que se repite: familias que denuncian opacidad, colectivos que exigen continuar excavaciones, autoridades que intentan cerrar etapas pese a señalamientos de indicios pendientes, discrepancias entre cifras oficiales y estimaciones de campo, y un sistema forense que parece reaccionar sólo cuando la presión social lo obliga.
Desde 2017, familiares de personas desaparecidas han empujado las exhumaciones en Jojutla para recuperar, identificar y dignificar restos humanos que fueron depositados de manera irregular. La insistencia de las buscadoras ha convertido un espacio que las instituciones administraron con negligencia en una escena permanente de rendición de cuentas. Sin su presión, muchos de esos restos habrían continuado bajo tierra, sin nombre, sin expediente claro y sin posibilidad real de volver a casa.
Los antecedentes muestran que no se trata de un error aislado ni de una falla menor de archivo. En fases previas se han reportado decenas de hallazgos, incluidos indicios relacionados con infantes y restos fetales, así como cuerpos o fragmentos que requieren análisis genéticos, antropológicos, odontológicos y criminalísticos para su individualización. La propia lógica de las intervenciones revela una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que una institución encargada de investigar delitos terminara necesitando ser investigada por la forma en que trató a personas fallecidas bajo su resguardo?
La respuesta apunta a una cadena de responsabilidades que no puede reducirse a discursos de buena voluntad. Cuando los cuerpos son enviados a fosas comunes sin identificación suficiente, sin pruebas genéticas oportunas, sin necropsias claras, sin expedientes individualizados o sin trazabilidad pública, el Estado no sólo falla en su deber técnico: rompe el pacto básico de humanidad con las víctimas y sus familias.
La actuación oficial merece una crítica dura porque la tragedia de Jojutla no se explica sólo por la violencia criminal, sino también por la incapacidad institucional para preservar la verdad. Cada resto sin identificar, cada carpeta mal integrada, cada bolsa sin tratamiento adecuado, cada desacuerdo sobre la profundidad de una excavación y cada intento de cerrar una diligencia sin agotar el sitio son señales de una autoridad que administra el dolor como trámite.
La autoridad suele hablar de protocolos, coordinación y acompañamiento. Pero para las familias, esas palabras pesan poco cuando durante años han tenido que exigir lo obvio: que se busque bien, que se excave completo, que se registren los indicios por separado, que se resguarde la evidencia, que se elaboren perfiles genéticos, que se informen avances verificables y que se sancione a quienes convirtieron una obligación legal en una práctica de ocultamiento.
La crítica debe nombrar el fondo del problema: no hay verdadera justicia si el Estado sólo aparece para exhumar lo que antes enterró mal. No hay reparación si los expedientes siguen incompletos. No hay dignidad si las madres y familiares tienen que convertirse en peritas improvisadas, vigilantes de campo, archivistas de su propia tragedia y contrapeso moral de una burocracia que llega tarde, informa poco y se mueve a la velocidad de la presión pública. Continuará…