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Mitos Y Hechos


Mitos Y Hechos
Por Mitos y Hechos | 22 Junio, 2026
Opinión
Mitos Y Hechos

Mabel Severich y el Artículo 9
Mabel Severich Correa, de nacionalidad boliviana y esposa del exembajador de Bolivia en México, es la Directora de Asuntos Internacionales del gobierno de Morelos. El caso ha generado controversia debido a su contratación en la administración estatal y los vínculos diplomáticos de su familia, pero eso sólo es grilla… Hay algo más serio que debe tomarse en cuenta  y es que el Artículo 9 de la Ley del Servicio Civil del estado establece los requisitos de nacionalidad y origen para los trabajadores al servicio del gobierno estatal y de los municipios. Específicamente, señala que dichos trabajadores deberán ser exclusivamente mexicanos y, de preferencia, morelenses… Algo tendrá que decir la Consejería Jurídica del Estado… Como dice “Ojitos de huevo”, ya veremos.

Omisión en Cuautla
El exalcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, fue vinculado a proceso por un juez de control federal por el delito de delincuencia organizada tras confesar que se reunió con “El Barbas”, líder criminal de la zona oriente de Cuautla. Las declaraciones ministeriales forman parte de la causa penal 170/2026, desahogada en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, de la que dio detalles el periodista Jesús Castillo, dando información muy reveladora. En ella, el edil Corona admitió los hechos de la investigación pero alegó haber actuado bajo coacción. El alcalde también justificó que al tratar de concluir el pacto con “El Barbas” tuvo un acuerdo con el que habría un cambio de mando en seguridad… “Ellos lo pusieron, fue un capitán del Ejército y lo nombró el secretario Urrutia, fue mi secretario de Seguridad Pública Municipal”, recordó refiriéndose a Rubén Sánchez Rivera, el penúltimo de sus jefes de Policía. El juzgador federal rechazó en su totalidad los argumentos de coacción o sumisión de la defensa y fue más allá: subrayó que la obligación legal y razonable de cualquier servidor público o candidato electo ante presiones criminales es negarse, denunciar los hechos de inmediato y apelar a la protección de la justicia de las instituciones… Y bajo este argumento saltan preguntas: Desde que se hizo pública la reunión, pasó casi año y medio para que la Fiscalía General de la República dictara acciones. ¿Por qué tardó tanto? ¿Qué otras autoridades sabían de esa reunión y no actuaron en tiempo y forma para denunciar?. Las dudas generan suspicacias.

Zonas de riesgo
Las fuertes tormentas con intensas rachas de viento y actividad eléctrica registradas este fin de semana han dejado severas inundaciones, desbordamiento de ríos y colapso de vialidades en al menos ocho municipios de Morelos, activando un operativo de emergencia de más de diez horas por parte de las autoridades. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos (CEPCM) confirmó cuantiosos daños materiales principalmente en la zona metropolitana y la región sur del estado. Ante este escenario cobra mayor importancia la alerta de familias que viven en zonas de riesgo en la entidad y que preocupa por la negativa de la gente a desalojar las viviendas… También es relevante exigir a los municipios tener sus atlas de riesgo para prevenir catástrofes y que tomen en serio la protección civil y no sea sólo parte de la burocracia y un lugar para acomodar amistades o pagos políticos. Es necesario que los responsables sean personas especialistas que asuman un compromiso tan grande…

Desapariciones 
La situación de Morelos no es un hecho aislado, sino el síntoma de un fenómeno generalizado y sistemático a nivel federal. Las organizaciones civiles agrupadas en la iniciativa Red Lupa del IMDHD detallan que el panorama nacional sigue mostrando un crecimiento sostenido. Pero también hay que decir que en la entidad hay varios frentes y la respuesta de las autoridades no es la esperada. Familias organizadas continúan presionando a la Fiscalía General del estado para que transparente la dimensión de hallazgos forenses claves, tales como los cuerpos recuperados en las fosas del municipio de Jojutla y Cuautla, donde brigadas ciudadanas han tenido que realizar las tareas de exhumación ante la inoperancia de las instituciones oficiales.

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