El derecho electoral ha evolucionado de manera constante con el fin de fortalecer la equidad y la imparcialidad, no obstante, la forma en que se desarrolla la competencia política ha cambiado con mucha rapidez. Hoy en día la comunicación entre políticos y la ciudadanía ya no funciona bajo las condiciones para las que fueron diseñados varios de los principios que sostienen el sistema electoral.
Durante mucho tiempo, las campañas se desarrollaron principalmente a través de la radio, la televisión y era relativamente sencillo distinguir entre las funciones de los servidores públicos y la promoción política. Sobre esa realidad se construyeron principios como la equidad en la contienda y la neutralidad de los servidores públicos, con el propósito de evitar ventajas indebidas y procurar que las elecciones se desarrollaran en condiciones similares para todos los participantes.
Hoy eso ha cambiado, se ha dejado de depender exclusivamente de los medios tradicionales para trasladarse a un entorno digital, lo que ha propiciado que la política ya no se desarrolle únicamente durante las campañas, convirtiéndose en una actividad constante en la vida cotidiana.
Esta transformación obliga a replantear la forma en que se comprenden algunos principios del derecho electoral, no porque hayan perdido vigencia, sino porque las circunstancias para las cuales fueron diseñados han cambiado.
Un ejemplo lo encontramos en el principio de equidad en la contienda, su desarrollo normativo respondió a la necesidad de equilibrar el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación y evitar que el poder económico determinara el resultado de las elecciones. Sin embargo, hoy la visibilidad de un mensaje puede estar determinada por algoritmos, tendencias digitales y creadores de contenido.
Lo anterior no significa que el derecho electoral deba intentar regular toda interacción digital ni que cada innovación tecnológica exija una nueva prohibición, sino que se debe identificar cuándo esas nuevas formas de comunicación alteran los fines que los principios constitucionales buscan proteger.









