La reforma a la reforma

La Ley del ISSSTE de 2007 sin duda es un instrumento neoliberal porque privatiza las pensiones que de manera original administraba el Estado. La demanda de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación finca sus bases en ese tema que, si bien es un tema complicado, en el fondo la razón les asiste. El daño que se generó por parte de un gobierno neoliberal no debe pasar desapercibido. No se debe borrar de la memoria que quienes generaron el problema actual, hoy hacen fiesta del dolor ajeno, de un dolor que ellos mismos provocaron y frente al cual hoy se lavan las manos, como ha sido su costumbre.
El problema consiste en que, financieramente, es imposible que el Gobierno Federal asuma, como ocurría en el esquema antiguo, la carga total de lo que implican las pensiones, pues su costo incrementa año con año.
Vamos por partes. La derogación de la ley no es alternativa, pues sus implicaciones serían catastróficas. Dejaría sin sustento las pensiones y jubilaciones, los servicios de salud, los créditos de vivienda a través del FOVISSSTE, las prestaciones sociales y económicas, así como la cobertura de los riesgos de trabajo e invalidez. En otras palabras, generaría un escenario de profunda incertidumbre jurídica para millones de trabajadoras y trabajadores, así como para las personas pensionadas.
Los aspectos más cuestionados de la mencionada reforma son, en concreto: el cambio de un sistema solidario de pensiones a cuentas individuales administradas por el AFORE; el incremento de requisitos para jubilarse; las pensiones potencialmente más bajas para algunos trabajadores; y la transferencia de riesgos financieros del Estado al propio trabajador.
¿Qué es lo que pretenden los maestros aglutinados en torno a la Coordinadora? Garantizar una mayor protección social para las y los trabajadores, contar con pensiones predecibles y recuperar sus derechos laborales históricos. Todo ello, visto desde una perspectiva social, por supuesto que debería encontrar eco en un gobierno progresista. 
El problema no es sencillo de resolver porque va más allá de la voluntad de quien hoy gobierna. Si el Estado asumiera nuevamente la totalidad de las pensiones, el costo fiscal para el Gobierno Federal sería de dimensiones impensables, generando una enorme presión sobre las finanzas públicas, sobre todo ante el envejecimiento de la población y el consecuente incremento de los recursos requeridos para sostener ese sistema. Ello obligaría a buscar fuentes alternativas de financiamiento, lo que tendría un impacto negativo para el grueso de la población. 
En resumen, la derogación de reforma de 2007 representa una lucha contra la privatización de la seguridad social y una defensa del principio de solidaridad intergeneracional. El argumento de fondo es que la seguridad social debe ser un derecho garantizado por el Estado y no depender de los mercados financieros internacionales. Sin embargo, también es evidente que el esquema anterior requiere una reforma fiscal progresiva capaz de generar ingresos suficientes para financiarlo de manera sostenible. Esto último se vislumbra poco probable por las implicaciones económicas y sociales que tendría para la mayor parte de la población.
La propuesta gubernamental tiene que entenderse como una salida, si bien quizá no resulta satisfactoria al cien por ciento, representa finalmente el reconocimiento de que el Estado debe asumir, aunque de manera parcial, la responsabilidad derivada de la carga que implica el envejecimiento de la población en México.