Libertad encarcelada

Cada 7 de junio, México conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Más que una fecha para discursos protocolarios o mensajes institucionales, debería ser una oportunidad para reflexionar sobre uno de los derechos fundamentales que sostienen cualquier democracia: la posibilidad de expresar ideas, opiniones, críticas e inconformidades sin temor a represalias.
La libertad de expresión no consiste únicamente en poder hablar. Significa que toda persona tiene el derecho de manifestar sus ideas, difundir información, cuestionar al poder y participar en el debate público sin que el Estado determine qué opiniones son aceptables y cuáles no. Es, en esencia, la garantía de que ninguna autoridad puede convertirse en árbitro de la verdad.
En México, este derecho se encuentra consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero protege la libre manifestación de las ideas y el acceso a la información; el segundo garantiza la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Su propósito es claro: impedir que el poder político controle la conversación pública y asegurar que la ciudadanía tenga acceso a una pluralidad de voces.
Durante décadas, nuestro país fue construyendo, con avances y retrocesos, un marco institucional que permitiera ampliar los espacios para la crítica y la libertad de prensa. No fue un proceso sencillo. Periodistas, activistas, académicos y ciudadanos lucharon para que el derecho a disentir dejara de ser visto como una amenaza y se reconociera como una condición indispensable para la vida democrática.
Sin embargo, hoy existen señales que merecen atención.
La libertad de expresión comienza a enfrentar un fenómeno particularmente peligroso: la descalificación sistemática de quienes piensan distinto. Cuando desde las más altas esferas del poder se señala, desacredita o estigmatiza a medios de comunicación por el simple hecho de mantener una línea editorial crítica, el mensaje que se envía es preocupante. Más aún cuando se utiliza la enorme plataforma institucional del gobierno para invitar a la ciudadanía a dejar de consumir determinados contenidos informativos.
La censura no siempre llega en forma de prohibiciones explícitas. En ocasiones aparece mediante la presión política, la estigmatización pública o la construcción de narrativas donde toda crítica es presentada como un ataque. El resultado es el mismo: se busca inhibir la disidencia y reducir los espacios para el debate plural.
Y es precisamente ahí donde debemos encender las alertas.
La defensa de la libertad de expresión no corresponde únicamente a periodistas, comunicadores o medios de información. Es una causa que compete a toda la ciudadanía. Porque cuando se normaliza el señalamiento contra quienes opinan diferente, eventualmente cualquier voz crítica puede convertirse en objetivo.
No se trata de defender a un medio de comunicación en particular ni de coincidir con todas las opiniones que circulan en el espacio público. Se trata de defender el principio de que en una democracia nadie debe ser castigado, desacreditado desde el poder o silenciado por cuestionar a sus gobernantes.
La verdadera prueba de un gobierno democrático no está en cómo trata a quienes lo apoyan, sino en cómo respeta a quienes lo critican.
Este 7 de junio vale la pena recordarlo: la libertad de expresión no existe para proteger las opiniones cómodas o populares. Existe, precisamente, para garantizar el derecho de expresar aquellas ideas que incomodan al poder.
Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de cuestionar a sus gobernantes, deja de ejercer plenamente su libertad. Y cuando la crítica se convierte en motivo de señalamiento, la democracia comienza a caminar en sentido contrario.